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Con las firmas de Milei y Francos, el Gobierno restringió por decreto el acceso a la información pública. Los constitucionalistas consideran que así “se atenta contra un derecho esencial para la democracia” y se consolida “un sistema que intenta apagar las voces divergentes”. Se establece además la figura del “abuso de derecho”, para perseguir a los que a su criterio pregunten “de mala fe”Leer más
