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BRASILIA.– ”Es el momento para mostrar los dientes. Y lo están haciendo”, graficó uno de los diputados argentinos que llegaron aquí para la cumbre sudamericana AgroGlobal2024, que nuclea a parlamentarios vinculados al agro del Mercosur y países invitados.
El legislador, parte de la misión estratégica de parlamentario de distintos partidos políticos que llegaron a esta ciudad el domingo, se refería a la durísima postura que mostraron, en esta cumbre, influyentes legisladores que integran el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) de Brasil, contra las “imposiciones” que, a su juicio, establece la Unión Europea como condición para firmar el acuerdo con el Mercosur, que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiene previsto anunciar en noviembre durante el próximo G20, en Río de Janeiro, o a más tardar en diciembre, cuando en Montevideo vuelvan a reunirse los presidentes del Mercosur.
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“Tenemos un problema en común, las pautas que la UE nos quiere imponer. La idea es trabajar juntos”, afirmó la senadora Tereza Cristina, exministra de Agricultura del gobierno de Jair Bolsonaro y coordinadora del FPA en el Senado brasileño. Pedro Lupion, diputado del Partido Progresista (fuerte opositor a Lula da Silva) y presidente del FPA, pidió un “bloque sudamericano unido” para contrarrestar los pedidos de la UE, que además de cuestionar el tratamiento y cuidado del Medio Ambiente de Brasil establece, en el nuevo acuerdo, cuotas para la exportación en carnes (cuota Hilton), pero también en combustibles y granos. “Tenemos que demostrar que nuestra producción es ambientalmente responsable, y que cumplimos con nuestras responsabilidades globales”, agregó. Y en un nuevo contraataque contra las críticas de la UE, recalcó que “tenemos la legislación más restrictiva del mundo” en materia de explotación forestal, ya que en teoría sólo se puede aprovechar el 20 por ciento, y se obliga a preservar el restante 80 por ciento.
Daniel Carrara, de la Comisión Nacional Agropecuaria (CNA), que nuclea a las entidades rurales brasileñas, agregó que el país debe “enfrentar mentiras en relación a la legislación ambiental europea”, en referencia a los reparos de países como Francia al cuidado del medio ambiente (con énfasis en la Amazonia), que durante muchos meses retrasaron el acuerdo, y que tomaron forma en el Pacto Verde, una serie de recomendaciones de cuidado que, paradójicamente, encuentra rechazos también en el seno de la UE, con las multitudinarias protestas de agricultores franceses como botón de muestra.
Ayer quedó confirmado que el presidente Javier Milei ya notificó formalmente que llegará a Río de Janeiro el próximo mes para participar de la reunión del G20, en la que Lula da Silva pretende, cuando menos, anunciar la llegada de un acuerdo, que comenzaría con la firma de un acuerdo de cancilleres, y la aprobación legislativa de los respectivos países. En su reunión de ayer con los legisladores argentinos, el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, habló de transitar “la última etapa” antes del acuerdo, aunque destacó que el proceso de “ida y vuelta” permanente de los negociadores (por la Argentina se encarga el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Marcelo Cima), aún continúa.
Durante la jornada de debate, el senador paraguayo Gustavo Leite, del Partido Colorado, fue un poco más allá que sus pares de Brasil. “Tenemos un problema con la UE que debe ser resuelto. ¿Pero cómo vamos a tener comercio en cuotas? ¿Cómo podemos aceptar eso?”, se preguntó. “Queremos acceso a los mercados, pero no en base a imposiciones”, afirmó, y pidió volver al acuerdo original firmado en 2019 y que no terminó nunca de llevarse a la práctica. “Somos el supermercado del mundo, pero seguimos siendo pobres”, dijo Leite, en perfecto portugués. Otros representantes de Paraguay, como el sindicalista Héctor Cristaldo, también se expresaron en ese sentido: pidió “no descuidarse”, porque “el acuerdo nos puede cambiar nuestras leyes”.
Cuando les tocó participar, los legisladores argentinos fueron en un sentido similar. “Desde otros países nos quieren imponer qué hacer, pero nosotros, en el campo, lo sabemos”, dijo el senador Alfredo De Angeli (Pro-Entre Ríos), presidente de la comisión de Agricultura del Senado. Su par de diputados, Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos), afirmó: “En el campo somos parte de la solución, no del problema”, y recalcó la disposición “a la unidad” con los legisladores de Brasil y el resto de los socios del Mercosur.
Fuera de micrófonos, desde la delegación argentina y entidades rurales de la región justificaron la postura de los representantes del agro brasileño. “Les piden cosas que ellos no pueden cumplir. Habría que pedirles la huella de carbono a los autos de lujo que nos venden”, desafió uno de los participantes de la cumbre.
La misión estratégica, que trajo a una treintena de legisladores de Pro, la UCR, la CC-ARI y el bloque de Miguel Pichetto, fue impulsada por la fundación Barbechando y finaliza este martes. Tuvo como objetivo analizar la creación y desarrollo en Brasil del FPA, que hoy congrega al 60 por ciento del Congreso brasileño, con un amplio poder de lobby que le permite avanzar o rechazar iniciativas vinculadas al agro. Y sentar las bases no sólo de un “bloque del campo” nacional, sino además de un “bloque regional” de legisladores vinculados a la producción agrícola-ganadera.
