El diputado provincial Cristian Castro expresó su preocupación en medios nacionales por el impacto que tendrán las recientes decisiones del gobierno nacional sobre los pequeños productores de yerba mate. En particular, cuestionó la eliminación de la Resolución 170/2021, que establecía límites a las nuevas plantaciones, y que, según él, favorece a los grandes grupos económicos en detrimento de los productores más chicos.

«Las grandes empresas van a plantar lo que quieran», advirtió el legislador misionero, señalando que con esta medida se profundiza la crisis que atraviesa la industria yerbatera. En declaraciones a radio AM 750, Castro recordó que desde diciembre de 2023, con el DNU 70/23, el gobierno nacional comenzó un proceso de desregulación que afectó directamente al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), al quitarle facultades clave como la fijación de precios.

«En los años 90 también se desreguló el mercado de yerba, lo que generó una crisis que estalló en 2001 con el famoso tractorazo. Esa lucha fue el puntapié para la creación del INYM, que equilibraba la relación entre productores e industria», recordó.

Esta semana, el gobierno nacional fue más allá y derogó la resolución que limitaba la cantidad de hectáreas que se podían plantar. «Hasta ahora se permitía plantar hasta cinco hectáreas. Ahora ese tope desaparece por completo. Las grandes empresas podrán sembrar sin restricciones», denunció Castro.

La situación del sector es crítica. La cosecha de hoja verde cayó a niveles históricos, con una baja del 52%, mientras que el consumo aumentó un 10% respecto al año anterior. «Si el mercado fuera realmente libre, como sostiene el gobierno, con una caída tan fuerte de la oferta y un aumento de la demanda, el precio de la hoja debería subir. Pero no es lo que está pasando», explicó el diputado del Partido Agrario y Social.

Según Castro, el problema es que se pretende aplicar una lógica de mercado perfecta en un contexto que no lo es. «Milei está cerrado ideológicamente. Esto no es la realidad del sector yerbatero. Y lamentablemente, la provincia tiene un pacto con la Nación que le impide al gobierno provincial hacer los reclamos que debe hacer», agregó.

El malestar entre los productores sigue creciendo. “Hace dos meses se llegó al punto más alto de protesta, con un fuerte operativo de desalojo por parte de la policía. Hubo acuerdos que no se cumplieron, y ahora los productores vuelven a movilizarse para reclamar condiciones más justas”, concluyó el legislador.