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En el último día en que contaba con facultades delegadas por el Congreso a través de la Ley Bases, el Poder Ejecutivo dispuso, mediante el decreto 461/25, la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y otros cambios en el área de Transporte. Nueve días después, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional y suspendió por seis meses la vigencia del citado decreto. El gobierno nacional apeló la suspensión.
La disolución de Vialidad Nacional formó parte del loable proceso de racionalización y desregulación dirigido por el ministro Federico Sturzenegger, que en una primera etapa se ha concentrado en los 111 organismos que están fuera de la administración central, pero dependen ella. Este conjunto, que en el año 2010 ocupaba a 36.480 personas, en 2024 había trepado a 88.095. La planta de Vialidad Nacional tiene 5184 agentes.
La desregulación dirigida por Federico Sturzenegger, en una primera etapa, se ha concentrado en los 111 organismos que están fuera de la administración central, pero dependen de ella y que hoy ocupan a 88.095 personas
El anuncio y la explicación de la disolución, a cargo del vocero Manuel Adorni, puso particular énfasis en los casos de corrupción durante la gestión de Cristina Kirchner, que justificaban la medida. La propia causa por la que la expresidenta ha sido condenada es conocida como “Vialidad”. Esta presentación, como la sinonimia expresada por el presidente Javier Milei entre obra pública y corrupción no ayuda a fundamentar correctamente los importantes pasos que se están dando en el área de infraestructura. Si hubiera que disolver todos los organismos en los que hubo corrupción, habría que empezar por la Presidencia de la Nación. La intención de captar apoyo emocional en casos como el de Vialidad se enfrenta a un cierto prestigio histórico de esa dirección. Fundada en 1932 y conducida en sus primeros años por el ingeniero Justiniano Allende Posse, fue el brazo ejecutor de las rutas troncales pavimentadas. Reunió profesionales notables y fue una escuela de ingeniería vial que nutrió también a países de la región. Por estos motivos, el Gobierno debería presentar y explicar este tipo de decisiones por sus efectos reales en beneficio de la comunidad y de la economía, y no como la eliminación de un nido de corrupción. Si este fuera el detonante de la medida, debería saberse que la transferencia de funciones buscando eficiencia, traslada a otros funcionarios la administración diaria de beneficios y dinero. De la corrupción deberán ocuparse la policía y la Justicia.
La funciones y actividades que cumple la Dirección Nacional de Vialidad son transferidas, de acuerdo con la decisión gubernamental, a la Secretaría de Transporte, aunque la administración y control de concesiones estarán a cargo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Accspt). Esta, a su vez, resultará de la ampliación de cometido de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la que entonces dejará de existir como tal. El decreto 461/25 también disuelve la Agencia Nacional de Seguridad Vial transfiriendo sus funciones a la Secretaría de Transporte, con excepción del control de tránsito, que será derivado a la Gendarmería Nacional. Esta fuerza de seguridad podría cumplir eficazmente tal tarea con costos marginales inferiores a los que se ahorran.
El funcionamiento de la Dirección Nacional de Vialidad como un organismo autárquico fue establecido por el decreto ley 505 del año 1958. La autonomía financiera fue asegurada mediante el Fondo Nacional de Vialidad, alimentado por el destino específico del 35% del precio de venta al público de las naftas y gas oil y otros impuestos sobre lubricantes y cubiertas. Durante la gestión del presidente Carlos Menem se suprimió el destino específico de estos impuestos y el organismo vial pasó a depender de las asignaciones del presupuesto nacional. Se impuso el criterio de la universalidad del presupuesto. La autarquía perdió así gran parte de su razón de ser. En esa misma época el control de las concesiones camineras salió de la actuación de la DNV y fue derivado al Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi). Estos cambios anticiparon en alguna medida la transformación ahora propuesta por el Gobierno. Si de esto se logra un ahorro anual de 100 millones de dólares, la evaluación del cambio estará sujeta fundamentalmente a los resultados. Pero ahora deberá esperarse la evolución de la medida cautelar para saber si el decreto de disolución de Vialidad Nacional entrará finalmente en vigencia.
