Los gastos del Gobierno sin control: hace 4 meses que la AGN está en acefalía por la falta de acuerdo en el Congreso

Desde el 31 de marzo pasado, la Auditoría General de la Nación (AGN) ingresó en una acefalía inédita mientras se siguen acumulando expedientes sobre informes de las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei. En este escenario crece la preocupación por un posible vaciamiento del organismo de control del Estado.

La situación es consecuencia de la falta de acuerdo político entre oficialismo y la oposición para designar los 3 representantes por el Senado y los 3 por Diputados, estos últimos cargos están pendientes desde abril del año pasado. Pero eso no es todo porque hace 31 años que el Congreso adeuda una ley reglamentaria de la AGN, que justamente hubiera evitado la situación de falta de control que existe en este momento.

En la reforma de la Constitución de 1994, cuando se formalizó la creación de la AGN, los convencionales decidieron delegar en el parlamento la reglamentación del organismo y sólo se estableció que el organismo debía estar integrado por 6 auditores, 3 por cada cámara, con mandato por 8 años y el presidente debía ser propuesto por la principal fuerza de la oposición.

Lo que no previeron en ese momento fue que la política iba a ingresar en un estado de atomización que iba a ser imposible llegar a acuerdos para designar a sus representantes en cargos que son deseados por la dirigencia política por el nivel de información y la influencia que maneja.

El estado de acefalía fue aprovechado por ex auditores para seguir en la AGN como parte de un consejo de asesores. Se trata de Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón y Gabriel Mihura Estrada, quienes fueron propuestos por el peronismo, y Alejandro Nieva, de la UCR.

Todos siguen ocupando sus oficinas y si bien no cobran los $12 millones que perciben los auditores si cobran un sueldo mensual de más de $ 8 millones. Jesús Rodríguez y la formoseña Graciela De la Rosa, que responde al gobernador Gildo Insfrán, rechazaron la propuesta y dejaron la AGN tras vencer sus mandatos.

Pero la falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición para designar a sus representantes en el organismo ya comienza a generar suspicacias y, si bien nadie puede hablar de una connivencia entre el peronismo y La Libertad Avanza, si queda una sensación de conveniencia. Es que la principal fuerza opositora no puede mantener las mismas sillas que tenía y el oficialismo no tiene un gran interés en el control del Estado.

En la última puesta en escena, Emilio Monzó, diputado de Encuentro Federal, hizo un intento por avanzar en las designaciones a partir de un acuerdo con los K, que tras un tironeo de más de un año llegaron a un acuerdo interno entre camporistas y massistas para darle continuidad en el cargo a Forlón.

La intención era nombrar a Monzó y Forlón dejando la tercera silla para que se la disputen entre el oficialismo, el macrismo y los radicales. En rigor, los libertarios le habían cedido su silla al macrismo, que había propuesto a Jorge Triaca, por orden de Mauricio Macri, quien curiosamente durante su mandato no llegó a colocar un representante propio para control de su gestión.

En tanto, el radicalismo impulsaba la nominación de Mario Negri, quien a su vez contaba con el respaldo de Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque de Encuentro Federal, y de la Coalición Cívica por la relación que el cordobés mantiene con Elisa Carrió.

Germán Martínez y Martín Menem en el recinto de Diputados. Foto: Emmanuel Fernández.

Pero Martín Menem, que recibió la orden de la Casa Rosada de colocar en el organismo a Santiago Viola, el apoderado de La Libertad Avanza, bloqueó la jugada de la oposición díscola presentando un proyecto que reformaba la conformación de la AGN otorgando un lugar más para Diputados, dejando con sólo 2 representantes al Senado que a cambio se quedaba con la designación de la presidencia, algo que fue rechazado de plano desde la Cámara Alta.

Al complicarse las designaciones hubo fuertes reproches en el bloque de Unión por la Patria y culparon a la interna entre La Cámpora de Máximo Kirchner y el Frente Renovador de Sergio Massa por no acordar los nombres para avanzar en 2024 con el nombramiento de los auditores de Diputados, cuando los libertarios desconocían de la importancia de tener un representante en el organismo.

En tanto, al vencer en marzo pasado los mandatos de los representantes del Senado, José Mayans también fue con un proyecto de reforma de la AGN llevando a 4 los auditores por cámara con una reducción de los mandatos a 4 años. La movida contaba con el acompañamiento del salteño Juan Carlos Romero, aliado del Gobierno, quien propiciaba también una reforma en los mandatos pero mantenía el número de auditores.

Unión por la Patria no llegó a anticipar sus candidatos para reemplazar al kirchnerista Javier Fernández, y a la formoseña Graciela De la Rosa, que responde al gobernador Gildo Insfrán. Aunque ante la falta de acuerdo los gobernadores quisieron imponer sus candidatos.

Por el momento sólo está vigente el mandato del presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, un cargo que corresponde al partido político de mayor representación en el Congreso y quien, en este caso, fue designado por Alberto Fernández.

Pero acá también alertan sobre la posibilidad de que exista una controversia debido a la falta de una ley de AGN. Olmos ingresó por el PJ, en momentos que era conducido por Alberto, pero luego el partido pasó a ser presidido por Cristina Kirchner, quien al no haber una norma podría haber pedido la remoción del ex jefe de Gabinete.

Sin embargo eso no es todo. Como a Cristina le ratificaron la condena por la causa Vialidad, la conducción del partido, en términos legales, quedó en manos de Mayans, quien podría aprovechar la situación para poner a uno del palo de los gobernadores. Estas son todas especulaciones que no tienen demasiado sustento pero que ponen al descubierto el vacío legal que existe alrededor de la AGN.

Ante esta situación, el Observatorio del Control Público (OCP), que dirige Carla Pitiot, alertó sobre «un atentado institucional y constitucional que podría configurarse ante cualquier intento de limitación de facultades, vaciamiento o supresión del organismo».