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Desde el retorno de Donald Trump a la presidencia, las autoridades migratorias han intensificado la captura de personas que residen en el país sin autorización. Esta ofensiva, impulsada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), busca detener alrededor de 3000 personas por día, lo que constituiría una operación de escala sin precedentes en la historia migratoria reciente de Estados Unidos.
Detenciones sin evaluación judicial: una nueva etapa en política migratoria
Para cumplir con los objetivos, el ICE implementó un nuevo plan para establecer que los migrantes que cruzaron la frontera de forma irregular no tengan derecho a audiencias de fianza. Esto significa que no podrán solicitar ser liberados mientras enfrentan procesos judiciales, que en muchos casos pueden extenderse por años.
En el pasado, los jueces de inmigración podían evaluar cada caso y autorizar la libertad bajo fianza. Con esta actualización de política, ese paso se elimina.
De acuerdo con un informe de The Washington Post, Todd M. Lyons, actual director interino del ICE, comunicó este cambio el 8 de julio a los funcionarios de su agencia. En el memorando, detalló que la institución revisó su autoridad legal para detener migrantes y determinó que, a partir de ese momento, los agentes debían mantener bajo custodia a todos los individuos que ingresaron sin permiso, sin opción a revisión judicial de su detención.
Esta nueva política no solo se aplica a quienes cruzaron recientemente la frontera, sino que también abarca a personas que llevan años en el país norteamericano. Según expertos legales, esto representa una expansión considerable del criterio que históricamente se usaba para recién llegados.
Expansión de la capacidad de detención
La disposición se fundamenta en una cláusula de la ley migratoria que estipula que los inmigrantes sin autorización “serán detenidos” tras su arresto. Esta sección había sido aplicada mayormente a quienes ingresaban recientemente a EE.UU. La administración actual, sin embargo, optó por aplicarla de forma más amplia y estricta.
A partir de esta reinterpretación, la libertad condicional solo podrá concederse en situaciones excepcionales y dependerá directamente del criterio de un funcionario migratorio, sin participación de un juez. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respalda esta posición y afirma que es una aplicación literal del marco legal existente.
“El gobierno de Biden liberó peligrosamente a millones de inmigrantes ilegales sin antecedentes penales en el país, y utilizó numerosas lagunas legales para hacerlo. El presidente Trump y la secretaria Noem están aplicando esta ley tal como fue redactada para mantener a EE.UU. seguro”, dijo Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, en una entrevista con The Associated Press (AP).
Para sostener esta estrategia, el Congreso aprobó recientemente un paquete presupuestario que destina US$45.000 millones a la infraestructura de detención migratoria durante los próximos cuatro años. Esto permitirá al ICE duplicar su capacidad, con el objetivo de poder mantener hasta 100 mil personas detenidas diariamente.
Efectos legales y reacciones frente al endurecimiento de las políticas migratorias
Distintas organizaciones de derechos de los migrantes han comenzado a interponer recursos legales contra esta política. El Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, por ejemplo, ya presentó una demanda contra una medida similar en el estado de Washington a principios de este año.
También la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) ha denunciado que se están negando audiencias de fianza en más de doce tribunales del país, esto incluye estados como Nueva York, Ohio, Virginia y Oregón.
“Esta es su manera de implementar a nivel nacional un método para detener a aún más personas, sin una verificación real de sus circunstancias individuales”, dijo Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la AILA, al The Washington Post.
Este cambio en la política migratoria llega en un contexto en el que el ICE ha superado su capacidad presupuestada de unas 41.000 personas retenidas en los centros de detención. Según los últimos datos disponibles, actualizados al 29 de junio de 2025, la agencia mantiene bajo custodia a 57.861 inmigrantes en sus instalaciones.
De ese total, más del 70% no tiene antecedentes penales, y muchos de los que sí los poseen fueron condenados por infracciones menores como faltas de tránsito. Texas se mantiene como el estado con la mayor cantidad de detenidos bajo esta normativa.
