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Un grupo de gobernadores de Brasil anunció este jueves la creación de un consorcio para combatir al crimen organizado, tras una reunión en la que mostraron su apoyo a la cuestionada operación policial que entre 121 y 132 muertos en Río de Janeiro, según distintas versiones.
La iniciativa reunió a los gobernadores de São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, los más poblados y ricos del país, así como a los de Brasilia, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul y Paraná. Se trata de dirigentes de derecha y potenciales herederos de los votos de Jair Bolsonaro, que está bajo arresto domiciliario y se le ha prohibido ejercer cargos públicos, de cara a las elecciones de 2026.
Los gobernadores apoyaron unánimemente el operativo en Río de Janeiro -el más letal en la historia de la ciudad- y manifestaron que el consorcio está abierto a todos los 27 estados del país.
El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmó que la propuesta busca superar la falta de acción del Gobierno nacional, del presidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, en la lucha contra el crimen organizado.
«Tenemos un presidente que se va al extranjero a organizar la paz en Gaza, pero deja que la gente se muera aquí«, fustigó Zema, según declaraciones reproducidas por Folha de São Paulo.
Personas observan cuerpos sin vida en una calle después de un operativo policial este miércoles, en Río de Janeiro. Foto: EFE/ Antonio Lacerda.
«Vinimos a Río de Janeiro a felicitar a sus autoridades por esa operación que hicieron sin el apoyo de un Gobierno (nacional) que insiste en no combatir la criminalidad e insiste en no considerar como terroristas grupos criminales que controlan territorios, violan la soberanía y usan armamentos exclusivos de las Fuerzas Armadas», expresó.
Por su parte, el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, dijo que el consorcio será mucho más efectivo contra el narcotráfico que el proyecto de ley de seguridad pública que el Gobierno de Lula impulsa en el Congreso y que, en su opinión, lo único que busca es quitarle la autonomía a los gobiernos regionales para combatir el crimen.
«La línea divisoria es moral. Quien quiera seriedad, respecto a la ley y el orden, que se quede con nosotros. Si quieren a Lula o a Maduro, que se queden con ellos«, afirmó Caiado.
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, junto al presidente Lula da Silva.
Aunque no se anunciaron medidas concretas, el llamado ‘Consorcio de la Paz’ le permitirá a los gobiernos regionales intercambiar informaciones y experiencias exitosas de seguridad pública, así como compartir recursos humanos y materiales y discutir acciones y estrategias conjuntas de combate al crimen organizado, según explicaron en conferencia de prensa.
«Con el consorcio vamos a integrar (la seguridad pública) con todos los medios: inteligencia, informaciones, contingentes, apoyo financiero, experiencia, materiales. Podemos comprar equipos de forma conjunta, lo que nos permitirá reducir los precios», explicó el gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello.
La reunión fue en el Palacio de Guanabara y se organizó después de una conferencia virtual realizada el miércoles, en la que los gobernadores expresaron su apoyo al operativo policial en Río de Janeiro y decidieron enviar representantes a la ciudad para discutir estrategias conjuntas para combatir el crimen organizado.
El respaldo a la operación policial del martes contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro en la que murieron entre 121 y 132 personas, según diferentes fuentes, fue unánime entre los gobernadores que acudieron al encuentro en esta ciudad.
Un sacerdote bendice los cuerpos de las personas asesinadas durante el operativo policial contra el narcotráfico en Río de Janeiro. Foto AP/Silvia Izquierdo
Sin embargo, la misma operación ha sido cuestionada por su violencia y mortandad por las organizaciones de derechos humanos y por el mismo gobierno de Lula.
Pero el presidente brasileño ha dado otros gestos en vistas de la presión social. El miércoles, promulgó una ley redactada por el senador Sergio Moro -el mismo que lo envió a la cárcel en el marco de la causa Lava Jato- que crea nuevas penas para quienes inciten a la violencia o amenaza contra las autoridades o se pongan de acuerdo para planear actos de violencia. También da más protección a los funcionarios públicos y fuerzas de seguridad.
Además, el gobierno dijo que enviará a 20 expertos de la Policía Federal a Río para colaborar con las investigaciones del operativo en Alemão y Penha, y que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de ley Anti Facciones.
El gobernador de Río, Cláudio Castro, agradeció el respaldo de sus pares y agregó que, tras la operación del martes, Río puede iniciar una retomada de los territorios actualmente ocupados por bandas criminales y servir como «laboratorio» para el resto de los estados.
Con información de EFE.
BPO
