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La tan mentada economía bimonetaria de la Argentina, a pesar de los fuertes cambios impulsados en los dos años que lleva en el gobierno Javier Milei, sigue mostrando la misma ecuación: los argentinos utilizan los dólares para ahorrar y los pesos para gastar.
La etapa preelectoral marcó una cobertura en dólares extrema. Los datos del último Balance Cambiario del BCRA lo muestra con claridad. Más de 1,8 millón de argentinos hicieron compras netas por USD 4.500 millones en septiembre, en medio de la volatilidad financiera. Ese número superó a la dolarización previa a las presidenciales de 2019 y el dato de octubre tal vez sea aún superior.
Los depósitos privados crecieron en ese mes casi USD 2.000 millones lo que muestra que los temores a una devaluación post-electoral no implican ninguna desconfianza en el sistema financiero. Gran parte de los dólares que se compran quedaron depositados en los bancos. Una tendencia similar se dio el año pasado tras el blanqueo: aún cuando los dólares podían retirarse, los blanqueadores los dejaron en el sistema.
Sin grandes cambios con respecto a escenarios anteriores, este año ante la situación de incertidumbre los argentinos decidieron pasar las elecciones en dólares. Pese al duro apretón monetario que implantó el Gobierno, los pesos para comprar dólares aparecieron, a tal punto que arrancó un proceso de cobertura cuyos alcances aún no se conocen con precisión.
La enorme demanda de dólares exigió una cobertura que en Romano Group estimaron en USD 22.000 millones. Allí se combinaron ventas del BCRA, liquidación sin retenciones de los agroexportadores, ventas del Tesoro y ventas del Tesoro de EEUU, entre otras fuentes destinadas a abastecer de divisas al mercado.
De hecho, la estructura necesaria en el sistema para operar en dólares es creciente en todos los sentidos. El Informe de Inclusión Financiera del BCRA advierte que hay dos tendencias muy marcadas en este año: la utilización de cuentas en bancos y fintech al mismo tiempo y la creciente apertura de cuentas en dólares.
Según los datos oficiales, en el primer semestre de este año la cantidad de personas físicas con cuentas en moneda extranjera aumentó en 2,1 millones, llegando al 56% del total de los que poseen alguna cuenta. En los últimos 3 años, hubo 6 millones de argentinos que abrieron una cuenta en moneda extranjera.
El incremento de la cantidad de cuentas en dólares, no obstante, no refleja el objetivo del Gobierno en el marco de la “economía bimonetaria” o bien la “dólarización endógena”. Más allá de las denominaciones, el Gobierno siempre quiso que los dólares acumulados por los argentinos, en blanco o en negro, se gasten dentro de la Argentina. Y eso sigue sin aparecer.
El informe del BCRA repasa todas las medidas aplicadas sobre las cuentas en moneda extranjera, que recibieron “un impulso a través de diversas regulaciones, reforzando tanto su función de reserva de valor como su rol más reciente como medio de pago electrónico”.
En el ámbito transaccional, el Gobierno impulsó el uso de tarjetas de débito y de pagos con QR en dólares, la exhibición de precios en los comercios en moneda extranjera, la apertura de cuentas en dólares para adolescentes y otras decisiones para “desarrollar productos de pago electrónico, ahorro e inversión en moneda extranjera y con ello atraer recursos al sistema financiero”.
Lo cierto es que a la hora de consumir el argentino sigue priorizando desprenderse de los pesos. Ni los comercios ni los consumidores exigen pagos con tarjeta de débito o con QR en dólares, pese a que los proveedores financieros están obligados a ofrecerlos. A excepción del sector turístico, casi no se han empleado.
Nunca pudo arrancar el plan del Gobierno para que se gasten los “dólares del colchón” y ayuden a reactivar la economía, una idea que el ministro de Economía Luis Caputo siempre expuso.
Los tributaristas explican que se requieren leyes para que el uso de ese dinero que está fuera del sistema deje de generar desconfianza. “El plan colchón es una buena idea, pero requiere que pase por el Congreso para cerrar el círculo de la seguridad jurídica”, afirmó el CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, César Litvin.
En esa línea, el experto comentó que la iniciativa tiene dos etapas: una que es el levantamiento de los umbrales de los regímenes de información de ARCA -que ya está vigente- y la segunda es la mencionada seguridad jurídica para lo que se necesita una ley que otorgue garantías a quien gasta hoy esos dólares fuera del sistema de que en el futuro no va a ser perseguido por ello.
(Fuente: Infobae)
