La Justicia de Posadas condenó esta semana a los docentes y sindicalistas Mónica Gurina y Leandro Sánchez a penas de prisión en suspenso por desobediencia judicial y entorpecimiento del tránsito, en el marco del acampe de mayo de 2024 en avenida Uruguay. Gurina recibió 10 meses y Sánchez 8 meses, de condena en suspenso, más ocho horas mensuales de trabajos comunitarios.​

Los hechos ocurrieron durante una movilización multisectorial por la recomposición salarial, con docentes, policías y trabajadores de salud. «Éramos miles en Eldorado, en Iguazú, en San Vicente, en Garuhapé, Puerto Rico, en Jardín… la movilización de los trabajadores fue ante una necesidad: el salario de una maestra estaba por debajo de la línea de indigencia», explicó Gurina en entrevista con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7; a lo cual Sánchez reforzó: «No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas».​

Ambos repudiaron la sentencia como un intento de criminalizar la protesta social. «La sentencia estaba escrita antes de que el juicio se haga. El derecho a la protesta es supralegal porque es de rango constitucional», afirmó Gurina, cuestionando la celeridad del proceso y la subestimación del movimiento asambleario. Sánchez agregó: «Estamos convencidos de que lo que nos llevó a la calle fue el contexto socioeconómico», destacando apoyos internacionales de Paraguay y Brasil.​

A pesar del fallo, no cederán en la lucha: «Vamos a seguir militando… no le vamos a dar ni un resquicio para que nos metan a la cárcel», indicaron, evocando hechos como el 2001 o 1945 para defender la protesta como pilar democrático.