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POSADAS, Misiones.- Hoy comienza la cosecha de verano yerbatera o zafriña, y miles de pequeños productores de esta provincia acordaron no cosechar o “lo mínimo indispensable”. En asambleas en San Vicente, Campo Ramón y otros puntos de la provincia pactaron ir al paro para reclamar un mejor precio por la hoja verde y la restitución de facultades regulatorias del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), además de la designación de un presidente para ese organismo.
“Los productores están recibiendo 240 o 250 pesos, pero descontando los costos de la cosecha, les quedan 180 pesos, no alcanza para cubrir los costos, pero aun así hay productores que van a cosechar porque necesitan hacerse de efectivo para subsistir”, dijo a LA NACION un especialista en yerba mate que trabajó para varias firmas.
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El jueves 23 de octubre pasado, el directorio del INYM actualizó el valor de referencia del costo de un kilo de hoja verde, materia prima de la yerba (se necesitan casi 3 kilos de hoja verde para un kilo de yerba elaborada) y lo fijó en $423,99 a lo que hay que agregarle la ganancia del productor, sugerida en un 30% adicional a ese valor.
Sin embargo, no solo los precios no alcanzan a cubrir el costo, sino que, además, se pagan plazos de 30, 60, 90 y hasta 180 días, lo que obliga a los pequeños productores a descontar cheques con costos financieros muy altos. Para los pequeños productores, la combinación de bajos precios, altas tasas de interés y un combustible que en Misiones ya superó los 2000 pesos el litro de diésel premium se convirtieron en una “tormenta perfecta”.
La zafra de verano, que va de diciembre a marzo, explica el 10% de la producción de hoja verde, mientras que el 90% se cosecha entre abril y septiembre. En enero-septiembre se cosecharon 863 millones de kilos de hoja verde, un 11% menos que los 968 millones de kilos del 2024, récord histórico de producción. El año pasado, durante la zafriña también se realizó un paro yerbatero que sobre el final logró que las industrias mejoraran los precios pagados.
Si bien en este comienzo de zafriña, en el sector no se considera que negarle materia prima a la industria yerbatera en la cosecha de verano pueda incidir significativamente en los precios pagados, y menos en los valores en góndola, el principal objetivo de los productores es visibilizar su reclamo ante el gobierno nacional que desreguló la actividad yerbatera en diciembre de 2023 con el DNU 70/2023. Además, hace dos semanas, con el decreto 812/25 terminó con las esperanzas de los pequeños productores de revertir la política desregulatoria, ya que ratificó y profundizó la quita de facultades regulatorias al INYM. En ese decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno le ordenó al INYM que “no interfiera” en el libre mercado, que “se modernice” y que se dedique a la “promoción” y el “control de la calidad”.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, dijo que “el decreto 812/25, le pone un fin a las regulaciones de precios y cantidades de la producción de yerba mate. Por años se usó un ente público (el INYM) para cartelizar un mercado competitivo perjudicando al consumidor”.
“Le escribí a Sturzenegger varias veces, pero no me respondió”, dijo a LA NACION el productor y dirigente cooperativista, Manfredo Seifert, vinculado a la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo (yerba Aguantadora), en relación con los intentos por acercarse al funcionario para ser escuchado. “Es una contradicción, porque mientras Caputo como sector público puede intervenir comprando o vendiendo dólares, los yerbateros como sector privado con este nuevo decreto 812/25, implementado por Sturzenegger y Caputo, no podemos manejar nuestra producción limitando o incentivando la producción de materia prima, para sustentar un precio de equilibrio justo que le convenga a toda la cadena productiva”, concluyó Seifert.
Otro que envió un mensaje a Caputo y a Sturzenegger fue el economista Darío Díaz, director de Estadística del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), quien en un trabajo que compartió con LA NACION explicó que el libre mercado no aplicaría al mercado de la hoja verde. Entre otras cosas, porque a diferencia de la soja, los productores no tienen ninguna capacidad para cosechar y guardar la yerba, aguardando a que alguien les pague un mejor precio. La hoja verde, una vez cortada de la planta, tiene menos de 24 horas para ser llevada al secadero, antes de comenzar a oxidarse y perder sus propiedades.
“Este mercado es un oligopsonio industrial (pocos compradores, muchos vendedores) y las herramientas regulatorias no constituyen ‘distorsiones arbitrarias’. Actúan como mecanismos correctivos ante fallas estructurales de mercado, hay que ponerle límites al libre mercado en la yerba”, afirmó Díaz.
