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A través del decreto 849/2025, el Gobierno realizó un reajuste del Presupuesto 2025 antes de la presentación del correspondiente al de 2026. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, redistribuye partidas para reforzar gastos en prestaciones previsionales y programas sociales, otorga financiamiento extra para hospitales, universidades y organismos estatales.
El decreto dispone incrementos significativos para Anses, que deberá afrontar mayores costos por movilidad previsional, prestaciones por desempleo, asignaciones familiares, programas alimentarios y el refuerzo del PAMI. También amplía los fondos destinados a salud, incluidas transferencias a los hospitales de alta complejidad S.A.M.I.C., y eleva el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad para cubrir el pago de pensiones no contributivas y subsidios extraordinarios.
En paralelo, se destinan nuevos recursos a la Secretaría de Educación para atender aumentos salariales universitarios, becas Progresar y comedores escolares, además de programas laborales del Ministerio de Capital Humano.
No obstante, uno de los puntos centrales de la medida es la asignación de $406.557 millones para cancelar deudas previsionales con retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, incluidas “sentencias firmes reconocidas por la Justicia”.
En tanto la norma también habilita al Ministerio de Economía a «modificar, transformar o disolver el Fondo de Desarrollo Gasífero (Fondesgas)», con el fin de “redefinir su esquema de financiamiento para obras de transporte de gas”.
Cuentan en los pasillos de la Casa Rosada que unos meses atrás, antes de las elecciones, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue a hacerle al presidente Javier Milei un planteo sensible. Le dijo algo así: que quería contratar profesionales pero que, por los sueldos congelados, nadie quiere trabajar para el Gobierno. Milei no se hizo eco.
Desde el inicio de la gestión, el Presidente se resiste a dar un aumento a su staff. Es el justificativo que usó durante todo este tiempo para decir que el ajuste no solo lo pagó la gente sino también la casta, es decir, ellos mismos. Fue también eje de su campaña y de sus dardos al kirchnerismo.
La investigación judicial contra la financiera de Ariel Vallejo, Sur Finanzas, comienza a aportar datos sobre “la billetera del fútbol”. Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas que pasaban por la plataforma de esa firma. En el listado completo, al que tuvo acceso LA NACION, figuran los detalles de los movimientos. Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking. A los nombres que habían trascendido se suma Argentinos Juniors y la Superliga Profesional del Fútbol Argentino.
Los clubes aparecen en un anexo de la denuncia que hizo esta semana la Dirección General Impositiva (DGI). Son más de 250 personas jurídicas donde hay varias cerealeras y hasta mutuales.
