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En el bloque Ambiente, Sociedad y Sustentabilidad, la conductora Sonia Weisheim charló con el abogado penalista y especialista en delitos ambientales Ricardo Daniel Bomparola. Durante la entrevista, el especialista diálogo sobre el marco legal del tráfico de fauna, la situación en territorios fronterizos, los desafíos en Misiones, la coordinación institucional, el aporte de las ONG, los vínculos con otros delitos ambientales y la necesidad de cooperación internacional.
Al tiempo señaló que estos temas permiten comprender cómo operan las redes vinculadas a la captura y comercialización de especies y cómo se articulan las respuestas judiciales frente a estas prácticas en contextos locales y transfronterizos.
Bomparola explicó que Argentina cuenta con normas aplicables a la captura, tenencia y comercialización de animales silvestres. “La Ley 22.421 y la Ley 14.346 permiten imputar estas conductas”, sostuvo, y agregó que diversos artículos del Código Penal funcionan como complemento para avanzar en procesos judiciales relacionados con fauna.
El entrevistado se refirió a los territorios de frontera y señaló que las características de la región “facilitan movimientos hacia Brasil y Paraguay”, lo que incrementa las posibilidades de tráfico. Mencionó además que el yaguareté, declarado monumento natural, es una de las especies afectadas en la zona.
En cuanto a la respuesta estatal, Bomparola subrayó la necesidad de integrar acciones entre distintos organismos. También destacó que organizaciones civiles aportan datos que pueden complementar la labor oficial.
La coordinación entre fiscalías ambientales, fuerzas de seguridad y organismos provinciales es clave para intervenir”
El especialista describió el aporte de ONG dedicadas al monitoreo de especies y a la detección de actividades ilegales. Indicó que entidades como Red Yaguareté o Rewilding “producen información que ayuda a identificar áreas de riesgo”, y añadió que el uso de imágenes satelitales permite reconocer patrones vinculados a actividades ilícitas.
Por último, Bomparola relacionó el tráfico de fauna con otras modalidades de delito ambiental y señaló la importancia de la cooperación regional. “Estas actividades comparten circuitos económicos y requieren intercambio de información con Paraguay y Brasil”, expresó. También habló del impacto de ciertas prácticas turísticas en zonas sensibles y la necesidad de evaluarlas para evitar efectos sobre la fauna.
