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La obligación de quienes ostentan el poder de gestionar los recursos públicos con absoluta probidad y de someterse al escrutinio más riguroso no es negociable. Es una promesa tácita, un contrato social que, al ser violado, genera repercusiones que trascienden el ámbito judicial para instalarse en el corazón mismo de la legitimidad política. En este contexto, cada revelación, cada testimonio que arroja luz sobre prácticas obscenas se convierte en un imperativo de los órganos de contralor y para el periodismo profesional, cuya misión es precisamente velar por el cumplimiento de ese contrato.
Las audiencias del juicio oral por los Cuadernos de las coimas, que se han venido desarrollando desde el 6 de noviembre último, han vuelto a centrar, con renovada intensidad, la mirada sobre ciertas prácticas y costumbres de la familia Kirchner acerca de la acumulación desenfrenada y enfermiza de dinero en efectivo en supuestas bóvedas y cajas de seguridad que habrían acopiado en sus múltiples domicilios. Entre los testimonios de testigos arrepentidos escuchados hasta aquí aún resuena el del financista de los Kirchner, Ernesto Clarens, quien en 2018 había dado ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli algunas pistas de hacia dónde fue a parar el dinero de los sobornos por la obra pública de la que él participaba conforme su propio relato.
Según el financista, el fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, acusado principal en la trama de lavado del caso, le contó cómo el dinero recolectado terminaba 2600 kilómetros al sur de Buenos Aires, en El Calafate. “Deseo agregar que Muñoz siempre me mencionó que todo este efectivo estaba en archivos metálicos que se encontraban dentro de una bóveda en el subsuelo de la casa del matrimonio Kirchner en El Calafate, donde había un olor a tinta muy importante. Muñoz me comentó que el dinero era transportado los días viernes en aviones oficiales que salían de Aeroparque, del sector militar, y aterrizaban en el aeropuerto de Río Gallegos, o bien en El Calafate, el destino final del dinero siempre era El Calafate”, declaró Clarens en 2018 y su testimonio es ahora leído en las audiencias.
En su relato hay detalles que, si se los abstrae de la gravedad del enorme daño producido, podrían tildarse de desopilantes: “Me comentó Muñoz a modo de anécdota que una vez habían juntado tanta plata que tuvieron que entrar los bolsos por la cocina de la casa de El Calafate en presencia de los cocineros y de los empleados de la casa. Lázaro Báez me consultó qué hacer con el dinero y yo le dije que comprara activos. De repente, supe que compró, a modo de ejemplo, restaurantes, estaciones de servicio, agencias de turismo, campos… Estas compras no las registraba en la contabilidad, y creo que estas operaciones no las hacía con dinero propio, sino con dinero del matrimonio Kirchner”, atestiguó Clarens.
Sus declaraciones, sumadas a las de José Lopez -el hombre que se hizo célebre por arrojar bolsos con millones de dólares en un convento-, derivaron en 2018 en un allanamiento ordenado por Bonadio, que la Policía Federal realizó en el chalet de Cristina Kirchner en El Calafate. El procedimiento se extendió durante tres días y, según los registros de la época, los investigadores encontraron estructuras similares a bóvedas, lo que implicó otro fuerte contraste con la negativa de la exmandataria.
Los detalles proporcionados por las fuentes cercanas a la investigación revelan que estos espacios se localizaron en el subsuelo de la casa de la expresidenta en la localidad patagónica para depositar bienes de valor. Esta presunción de un destino predefinido para estos recintos no hizo más que alimentar los indicios sobre la naturaleza de su contenido y la discreción con la que se gestionaban ciertos bienes bajo la órbita de la entonces familia presidencial.
Uno de los elementos que más llamó la atención y que fue destacado en las descripciones de los hallazgos fue la ausencia de la puerta en uno de estos dos espacios considerados bóvedas. La característica singular de ese faltante fue que se presumía que había sido blindada, lo que añadiría un componente de seguridad adicional a la función del recinto. La falta de este elemento clave, en un lugar ya de por sí sugerente por su ubicación y diseño, planteó interrogantes sobre el momento de su remoción y el destino de su eventual contenido.
Mientras los allanamientos se realizaban en el interior del chalet de la expresidenta, seguidores de Cristina Kirchner agredieron y quitaron elementos de trabajo al equipo periodístico de LN+ que cubría el comienzo del procedimiento judicial. Mientras transmitían en vivo, un hombre quitó el micrófono de LN+ de las manos de la cronista y lo arrojó al arroyo junto a la casa. La policía nunca actuó y dejó escapar impunemente al agresor.
Días después, Cristina Kirchner, difundió un video desde su casa. Mientras la recorría por lugares por ella elegidos, aseguró: “No hay subsuelos”, al tiempo que se mostraba como víctima de una persecución política y judicial distorsionando claramente el resultado del procedimiento allí realizado. Se quejó de supuestos daños durante el operativo y lanzó una frase que hoy toma otro valor: calificó de “jauría de movileros y periodistas” al puñado de trabajadores de prensa que realizaba la cobertura rodeado de militancia que lo injuriaba y agredía.
A lo largo de tres décadas, la historia de la familia Kirchner aparece plagada de episodios que traslucen la clara devoción que sienten sus miembros por el dinero, como aquel video en blanco y negro, cuya autenticidad fue corroborada por testigos, cuando Néstor Kirchner se abrazaba cínicamente a una caja fuerte en el municipio de Las Heras, durante una recorrida durante su gestión como gobernador. “Éxtasis”, se lo ve decir exaltado en el video difundido en 2013, cuando las causas contra el kirchnerismo, aún en el poder, empezaban a resonar cada vez más fuerte. Todo el episodio fue confirmado años después por el entonces vicegobernador y exaliado de Kirchner, Eduardo Arnold.
La historia de las bóvedas en la casa familiar de Santa Cruz no es nueva. Tras asumir la presidencia en el 2003, los Kirchner adquirieron una casona elegante y tradicional en el centro de Río Gallegos. Diferentes testigos aseguran que allí instalaron cajas fuertes que extrajeron del Banco Hipotecario, las que fueron retiradas en febrero de 2008, cuando una mudanza a la vista de todos los vecinos, vació la casa y trasladó los muebles a El Calafate. La casa había sido comprada por el pseudoempresario Lázaro Báez, a través de su firma Epelco SA.
La memoria colectiva se nutre de estos y muchos otros episodios que, al ser resignificados por nuevos testimonios y con el contexto que se desgrana en cada audiencia de la causa Cuadernos, obliga a una relectura de hechos pasados a la luz de una perspectiva más completa y crítica. Es difícil separar esa devoción morbosa por el dinero y las cajas fuertes de quienes ostentaron el poder nacional por casi dos décadas en el país. Es un recordatorio persistente de que el poder sin control puede derivar en excesos que violan los principios más elementales de la ética republicana.
