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El juez brasileño Sergio Moro solía afirmar que en toda acción penal sobre actos de corrupción hay que apresurarse a avanzar sobre los sospechosos del sector privado. Cuando el proceso llega a los funcionarios, corre el riesgo de naufragar por la capacidad que tienen los políticos para lograr que las causas terminen en manos de jueces complacientes.
Luego de que el Congreso aprobara la Ley de Presupuesto 2026 y la de inocencia fiscal durante las últimas sesiones extraordinarias, el Gobierno avanzó este viernes con la promulgación de ambas normas a través del Boletín Oficial. Con estas decisiones, el Ejecutivo logró, por un lado, sostener el esquema presupuestario diseñado para alcanzar el equilibrio fiscal en el tercer año de gestión y, por otro, introducir cambios en el Régimen Penal Tributario con el objetivo de incentivar que los argentinos “saquen los dólares del colchón”.
Por medio de la Ley 27.798, quedó formalizado el nuevo presupuesto nacional, que -según las proyecciones del Ministerio de Economía- contempla un “resultado financiero superavitario” de $2.734.029.655.055. La aprobación de esta norma había sido celebrada por el presidente antes de fin de año, cuando la definió como un “hito histórico”.
En paralelo, el Gobierno también promulgó la Ley 27.799, que introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario. La iniciativa apunta a actualizar el marco legal para facilitar el blanqueo de capitales y flexibilizar los mecanismos de persecución de la evasión fiscal. En ese sentido, Milei sostuvo que estos cambios permitirán exteriorizar los “dólares debajo del colchón” y generar un mayor flujo de inversiones.
