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Nadie lo vio el lunes caminando por los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py. Fue raro y excepcional. Pero el juez Carlos Mahiques desarmó el misterio cuando anunció, ya en horas de la noche de ese lunes ausente, que se apartaba del caso relacionado con el enorme escándalo de la AFA. Había transcurrido un día y medio desde que LA NACION, en un artículo del periodista Hugo Alconada Mon, revelara que ese magistrado había celebrado en noviembre pasado sus 74 años en la monumental quinta de Pilar que se atribuye al jefe de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su principal colaborador y tesorero de esa organización, Pablo Toviggino.
Mahiques integraba el tribunal de la Cámara de Casación (la más alta instancia penal del país) que debía resolver si la investigación sobre la titularidad de esa inmueble, formalmente registrado a nombre de un monotributista y su madre jubilada, pero que se presume fungieron como testaferros de Tapia o Toviggino, debía caer en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que es lo que querían los investigados dirigentes del fútbol, o si volvía al despacho del juez en lo Penal Económico de la Ciudad Marcelo Aguinsky, con fama de más independiente.
En tiempo de descuento para el fin del verano político, atravesado por las sesiones extraordinarias, el Gobierno tiene a sus funcionarios abocados en distintos flancos: por un lado, que TMAP (“todo marche acorde al plan”, en lenguaje libertario) y consiga cerrar los días hábiles de esta semana con la reforma laboral, el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) aprobados sin sobresaltos. Por otro, empezaron los preparativos para la Asamblea Legislativa.
Como ya publicó LA NACION, la apertura de sesiones ordinarias será otra vez por la noche, el próximo domingo 1 de marzo. Y este miércoles, el Gobierno estableció el horario de la cadena nacional para las 21, a través del Decreto 107/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Una muestra de que las fricciones del Gobierno no son con todos los empresarios fue la reunión de este martes entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su número dos, el secretario de Prensa, Javier Lanari, con representantes del Grupo de los 6 (G6). El encuentro se hizo en la Casa Rosada y los funcionarios posaron sonrientes.
El Gobierno venía con un buen dato para poner sobre la mesa, que ya había sido celebrado por el presidente Javier Milei y por su ministro de Economía, Luis Caputo, en redes sociales: el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 1,8% mensual en diciembre (sin estacionalidad) y 4,4% en 2025.
Carolina Moisés, la peronista que asumió como vicepresidenta en el Senado en una maniobra que dejó al kirchnerismo fuera de las autoridades de la Cámara alta, rechazó las críticas que recibió tras conocerse la noticia. Apuntó además contra La Cámpora y Cristina Kirchner. “Las campañas en redes contra mi persona son monitoreadas por trolls, distan de ser opiniones reales de la gente”, afirmó en diálogo con Cristina Pérez para LN+.
Moisés, senadora por Jujuy y alineada con el gobernador de Salta, ahondó en sus diferencias con la dirigente peronista y las razones que la motivaron a tomar distancia del partido conducido por la exvicepresidenta. Si bien destacó su figura como mandataria, cuestionó su apego a la agrupación política que lidera Máximo Kirchner.
CÓRDOBA.- Impulso País es el nombre que eligieron para el interbloque que constituyeron los siete senadores provenientes de Provincias Unidas, partidos provinciales y el PRO. Ya notificaron de su creación a Victoria Villarruel, presidenta de la cámara baja. Con una “visión federal y productiva” buscan “coordinar una agenda legislativa que priorice el desarrollo regional, el trabajo y la búsqueda de consensos racionales en el Congreso», aseguran.
Está integrado por los senadores Alejandra Vigo (Córdoba) y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) del bloque Provincias Unidas; Edith Terenzi (Despierta Chubut); Beatriz Ávila (Independencia, de Tucumán) y Enrique Goerling (Misiones), Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa) del PRO.
En medio de un llamativo silencio casi total, el Gobierno buscó hoy mantener distancia del escándalo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que anunció un paro de todas las categorías para la semana próxima, cuando tengan que prestar declaración indagatoria el titular de la institución, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino.
La decisión de no confrontar en el plano discursivo se contrapone, sin embargo, a la línea que prima en el Gobierno respecto de su ofensiva judicial y administrativa contra la AFA.
Tras el duro cruce que protagonizaron este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la diputada bonaerense Mayra Mendoza, el funcionario quedó en el centro de las críticas luego de burlarse de un proyecto kirchnerista tratado en la Legislatura bonaerense que la propia bancada libertaria —integrada por su hermano Francisco— terminó votando.
“Prioridades de los diputados kirchneristas en la provincia de Buenos Aires. Fin”, fue el mensaje que Adorni publicó desde su cuenta de X, en el que se refería a un proyecto presentado por Lucía Ianez, diputada de Unión por la Patria, en el que se declaraba a la localidad de Etcheverry como capital provincial de la carrera de sortijas.
Después de casi un año sin funcionar con la totalidad de sus integrantes, la Auditoría General de la Nación (AGN), el principal órgano de control del Estado, recobró la normalidad. Su presidente, Juan Manuel Olmos, puso en funciones esta tarde a los tres auditores que, más temprano, designó el Senado y que restaban integrarse al organismo.
Con el ingreso de Javier Fernández, por el peronismo; de Luis Naidenoff, por la UCR, y de Mariano Piazza, por La Libertad Avanza, se completó la integración del colegio de auditores, presidido por Olmos. En diciembre pasado, la Cámara de Diputados había designado, en una convulsionada sesión, a la libertaria Mónica Almada; a Pamela Calletti, quien responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; y al kirchnerista Juan Ignacio Forlón.
