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El líder del poderoso cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue abatido tras un largo enfrentamiento con fuerzas militares, lo que desató una ola de violencia y ataques a comercios, quemas de vehículos y bloqueos viales en al menos siete Estados mexicanos. El CJNG operó durante años con un liderazgo fuerte. El riesgo ahora es doble, sucesión ordenada o fragmentación por mandos regionales.
“El Mencho” no era un cabecilla más: era el narcotraficante más buscado de México y uno de los más perseguidos por Washington, que ofrecía 15 millones de dólares por su captura. Su organización criminal se dedicaba al tráfico de drogas sintéticas y había enfocado sus negocios en el tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos.
Su abatimiento cierra un ciclo de violencia extrema, pero abre otro igual de delicado, el día después. Las preguntas relevantes no son si cayó un líder, sino si el Estado podrá impedir la recomposición operativa, financiera y territorial de su organización o si la caída de un líder transforma la estructura del crimen organizado o solo cambia el rostro del mando. México ha vivido este ciclo durante décadas. La experiencia obliga a separar el impacto simbólico del efecto real.
El operativo contra el ‘Mencho’ marca un giro en la política de seguridad mexicana, que recupera la iniciativa y el uso de la fuerza legítima del Estado. En cambio, la impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador de “abrazo y no balazos”, partía de una premisa comprensible, como atender las causas de la violencia, no funcionó. Mientras el Estado evitaba el choque frontal, los grupos criminales se expandían, fortalecían, reclutaban, diversificaban sus economías ilícitas y corrompían funcionarios.
A pesar de lo significativo de la muerte o el encarcelamiento de grandes capos, las estructuras de los cárteles han seguido funcionando. Los operativos en contra de los jefes han buscado solamente el descabezamiento de los carteles pero a sabiendas de que hay relevos de jefaturas que siguen haciendo funcionar las maquinarias criminales que dominan espacios territoriales de la nación.
El cartel de Sinaloa, por ejemplo, fue descabezado con el arresto de Joaquín Guzmán Loera, alias “el Chapo”, Ismael “el Mayo” Zambada y uno de los hijos del Chapo, pero los laboratorios, sobre todo de producción de fentanilo, siguen operando con dificultades, pero produciendo drogas y continúan contrabandeando sus productos hacia Estados Unidos.
El nombramiento de Juan Carlos Valencia González, alias el 03, como nuevo líder del CJNG, no asegura que la poderosa organización criminal mexicana logre evitar la fragmentación en facciones rivales. Mucho dependerá de si los miembros del cartel aceptan o no al nuevo jefe.
Las organizaciones criminales modernas funcionan como empresas ilícitas complejas, manejan cadenas de suministro, invierten, diversifican actividades tales como el lavado de activos, la extorsión y la minería ilegal, entre otras. El jefe coordina, no produce el negocio. Si la fuerza pública se concentra en la figura y no en la estructura, el impacto es limitado: las redes financieras permanecen y el mercado ilícito continúa operando.
Desmantelar las redes de extorsión, las posiciones territoriales controladas por los carteles, congelar sus cuentas, rastrear flujos y confiscar bienes son algunas de las medidas indispensables para combatir a estas organizaciones ilegales. El crimen organizado muta, se fragmenta, se adapta. Sobrevive a los nombres propios. El verdadero triunfo no es abatir a un hombre, sino desmontar el sistema que lo hizo indispensable.
