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La investigación judicial por el desvío de anestésicos de uso hospitalario derivó en la reconstrucción de un entramado de vínculos entre profesionales de la salud. El caso tomó dimensión tras la muerte del anestesista Alejandro Zalazar y la aparición de indicios sobre el uso de estas sustancias en ámbitos privados.
En ese contexto, elementos incorporados a la causa permitieron delinear un esquema de relaciones que los investigadores buscan ordenar. El foco se mantiene en determinar cómo fármacos de uso restringido salieron del circuito hospitalario y llegaron a otros lugares.
La muerte que destapó el caso
La muerte de Alejandro Zalazar, anestesiólogo que trabajaba en la guardia del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, dio lugar a una investigación por el hallazgo de anestésicos e insumos médicos en su domicilio y derivó, además, en averiguaciones sobre presuntas reuniones privadas, en las que esas sustancias eran utilizadas por fuera del ámbito asistencial.
Zalazar era médico anestesiólogo y había realizado su residencia en el Hospital Rivadavia.
El médico fue encontrado muerto el 20 de febrero en su departamento de Palermo, después de que su familia advirtiera que no podía comunicarse con él desde el día anterior. Cuando ingresaron a la vivienda lo hallaron en una de las habitaciones, ya sin vida, y personal médico confirmó el fallecimiento.
Cerca del cuerpo había elementos vinculados a la administración intravenosa de sustancias. En el lugar no se detectaron signos de violencia ni indicios de una intervención de terceros.
La causa del fallecimiento fue una sobredosis de propofol y fentanilo, dos fármacos de uso anestésico intravenoso en el ámbito hospitalario. En la vivienda se encontraron medicamentos anestésicos e instrumental médico, lo que dio inicio a una serie de averiguaciones para determinar el origen de esas sustancias.
A partir del análisis de la trazabilidad de los fármacos y de los elementos encontrados, se estableció que los insumos pertenecían al Hospital Italiano de Buenos Aires, lugar donde no trabajaba la víctima. Ese dato derivó en un procedimiento interno dentro de la institución privada. En ese marco fueron identificados un médico del área de Anestesiología, Hernán Boveri, y una residente de tercer año, de iniciales Delfina Lanusse, como presuntos responsables del robo y de la posterior distribución de las drogas.
Los principales nombres bajo investigación
Entre los ejes del expediente aparecen Hernán Boveri y Delfina Lanusse, también conocida como “Fini”, ambos vinculados al servicio de Anestesiología del Hospital Italiano.
Boveri, anestesiólogo con trayectoria en la institución, fue identificado como uno de los principales investigados en la causa. Se formó en la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo Diploma de Honor. Realizó la residencia en Anestesiología en el Hospital Italiano de Buenos Aires y se desempeñó dentro de ese centro de salud en distintas funciones vinculadas con la práctica clínica y la formación.
Entre sus antecedentes figura su participación como miembro de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, así como su rol como coordinador de la rotación de anestesia total intravenosa y neuromonitoreo dentro del Hospital Italiano. También se lo menciona como secretario científico de TIVAmérica, un grupo vinculado a la especialidad.
Fue indagado y optó por no declarar en un expediente que analiza la presunta sustracción de medicamentos hospitalarios.
Lanusse, por su parte, se desempeñaba como residente de tercer año de Anestesiología en el Hospital Italiano desde septiembre de 2023. Según su recorrido profesional, se había formado en Medicina en la Universidad Austral, donde además de cursar la carrera participó de instancias prácticas vinculadas con procedimientos anestésicos.
En su paso por esa institución, realizó una rotación clínica en anestesiología entre marzo de 2021 y septiembre de 2023, con alrededor de 500 horas de observación y participación en procedimientos quirúrgicos junto a anestesiólogos. En paralelo, también se desempeñó como tutora académica en materias como Fisiopatología, entre marzo y diciembre de 2021, y previamente en Inmunología.
Durante su indagatoria realizó un descargo verbal y adelantó que lo ampliaría por escrito, sin aportar elementos sustanciales sobre el eje central del caso.
El nexo en el entramado
Según el informe presentado en LN+, en la investigación surgió la figura de una intermediaria identificada como “Tati”, señalada como un punto de conexión entre distintos actores.
Se trata de Chantal Leclercq, quien no es solo una residente de anestesiología que cursa el tercer año en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia del sistema de salud porteño, sino también la figura que conecta, a partir de su propio relato, las dos causas que hoy investiga la Justicia: la muerte del anestesista del hospital de niños Ricardo Gutiérrez y la investigación por la sustracción de propofol del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Leclercq no figura imputada en ninguno de los expedientes, según pudo saber LA NACION.
Sin embargo, su testimonio quedó incorporado formalmente a una causa judicial y es el primero que vincula de manera directa a los protagonistas de ambas investigaciones: Zalazar, encontrado muerto el 20 de febrero pasado, y Delfina Lanusse, residente del Hospital Italiano e imputada en la causa por el robo de anestésicos del reconocido centro de salud porteño, del que fue desvinculada.
El recorrido de los medicamentos
La causa se centró en determinar cómo sustancias como el propofol y el fentanilo habrían salido del circuito hospitalario. Se trata de fármacos que no se comercializan en farmacias y cuyo uso está restringido al ámbito médico.
Según las líneas investigativas, el análisis apunta a un posible esquema sostenido en el tiempo. Se investiga un presunto “robo hormiga” de anestésicos que podría haberse extendido durante años, con maniobras reiteradas de extracción.
Las reuniones bajo la lupa
El caso tomó notoriedad pública por referencias a encuentros privados en los que se habrían utilizado estas sustancias. En la investigación se analiza la existencia de reuniones en domicilios donde se administraban anestésicos fuera de todo control médico.
En ese marco, también se mencionó la hipótesis de experiencias denominadas “viajes controlados”, en las que terceros accederían a estos fármacos bajo determinadas condiciones.
Un entramado en reconstrucción
El expediente se inició el 23 de febrero y quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°29, con intervención de la Fiscalía N°49. La pesquisa apunta a determinar cómo medicamentos anestésicos de uso exclusivo hospitalario fueron sustraídos y utilizados fuera del ámbito asistencial.
La causa aún no fue formalmente caratulada, aunque —según la evaluación preliminar— podría encuadrarse en la figura de hurto, con una pena máxima de dos años, o, de manera más probable, en la de administración fraudulenta, que prevé penas de hasta seis años de prisión.
En paralelo, la muerte de Zalazar continúa bajo investigación como averiguación de muerte dudosa, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°6. Ese hecho fue el disparador que permitió detectar prácticas que, según los denunciantes, se desarrollaban sin controles adecuados.
