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El proyecto de ley presentado por el diputado nacional de La Libertad Avanza, Alejandro Bongiovanni, desató una fuerte controversia en todo el país. Bajo el nombre de Ley de libertad inmobiliaria, la propuesta busca eliminar la exigencia de matrícula profesional. Eso permitirá que cualquier persona ejerza la intermediación inmobiliaria, sin controles ni formación específica. En Misiones, la iniciativa provocó un inmediato rechazo por parte de referentes del sector, que advirtieron sobre graves riesgos para el mercado y los consumidores.
La reacción más contundente vino de parte de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, cuyos referentes señalaron que la desregulación propuesta solo fomentará la informalidad y abrirá la puerta al fraude. En declaraciones a Canal Doce, el dirigente Pablo Daviña compartió su análisis sobre el proyecto durante una entrevista en el programa El Periodista. Sostuvo que la iniciativa parte de conceptos erróneos y que el legislador confunde funciones y roles institucionales. “El legislador mezcla entre la Cámara y el colegio, son cosas distintas. La Cámara nuclea empresas y el colegio regula el ejercicio de la profesión”, explicó.
La visión de Pablo Daviña sobre la Ley de Libertad Inmobiliaria
Además, Daviña destacó que la libertad en las operaciones inmobiliarias ya existe, con regulaciones que protegen a todas las partes. “Cualquier persona puede hacer una operación. Ahora, si uno requiere la contratación de un servicio, ese servicio se ha profesionalizado”, expresó. También criticó las comparaciones internacionales usadas por Bongiovanni. “En Estados Unidos, por ejemplo, cada estado rige la actividad y exige certificaciones. No es como lo pinta el legislador”, apuntó.
Daviña consideró que el proyecto tiene un título engañoso. “Está mal llamada ley de libertad inmobiliaria. Hoy hay libertad inmobiliaria. Desregular lo no regulado es una zoncera”, sentenció.
La referente de la Cámara Inmobiliaria, Julia Acosta Azoya, también se mostró preocupada por los posibles efectos de la ley. Aseguró que la existencia de colegios profesionales surgió como respuesta a numerosos problemas que se registraron en el pasado. “Si desaparecen, la única instancia para reclamar será la justicia ordinaria, que es lenta y costosa. El riesgo para el consumidor es altísimo”, remarcó.
Según Acosta, la tarea del profesional inmobiliario va mucho más allá de mostrar propiedades. “Hay que verificar documentación, asesorar a las partes, y actuar con responsabilidad. No cualquiera puede vender inmuebles sin formación. Eso termina perjudicando al cliente”, advirtió.
Otras voces manifestaron su preocupación
Luis Sosa, con más de tres décadas de experiencia en el rubro, expresó su preocupación por la falta de controles que se generaría. “Si alguien vende una propiedad sin matrícula y comete una estafa, ¿Dónde reclamás? ¿A quién buscás? El colegio no puede actuar, no hay registro, no hay ética profesional”, cuestionó.
Sosa recordó que en Misiones se trabajó durante quince años para establecer una normativa que proteja tanto a los consumidores como al Estado. “La regulación evita que el mercado esté en negro, que se evadan impuestos y que el municipio y la provincia pierdan ingresos. Además, los profesionales hacemos mucho más que mostrar inmuebles: estudiamos carpetas, preparamos documentación, garantizamos seguridad jurídica”, detalló.
El profesional también advirtió que, en caso de aprobarse la ley, los más perjudicados serían los consumidores. “Va a haber más lío, más problemas, y la gente va a buscar a los que ofrecen garantías. Pero el daño al sistema será enorme”, concluyó.
Por su parte, Sebastián Torres compartió su preocupación por la desprotección en la que quedarían los clientes. “Ya hay personas que trabajan en la informalidad sin matrícula ni formación. Si cometen un fraude, nadie los puede sancionar. El perjudicado queda solo, dependiendo de una justicia lenta”, afirmó.
Torres también refutó el argumento que minimiza la regulación en otros países. “En Estados Unidos hay asociaciones como la NAR que agrupan millones de corredores con códigos de ética estrictos. No tienen un colegio nacional, pero sí fuertes mecanismos de control. Y allá las sanciones se aplican de verdad. En Argentina, sin matrícula, nadie responde”, subrayó.
Asimismo, defendió el valor de la formación y el trabajo profesional. “Nosotros no cobramos comisiones informales. Brindamos un servicio, damos tranquilidad, chequeamos documentación y respaldamos cada operación. No es lo mismo que alguien que hace corretaje sin preparación”, explicó.
Los referentes del sector coincidieron en que la propuesta de Bongiovanni implica un grave retroceso. Afirmaron que el proyecto desprotege a los consumidores, incentiva la informalidad y destruye años de avances en seguridad jurídica y profesionalización. También destacaron que los principales mercados internacionales mantienen regulaciones estrictas, a contramano de lo que plantea el legislador.
El debate por la “libertad inmobiliaria” seguirá abierto en el Congreso, en Misiones el rechazo ya quedó claro. Los actores del sector dejaron en evidencia que, lejos de mejorar el sistema, la desregulación solo provocaría más riesgos, más estafas y menos garantías para quienes buscan comprar o alquilar una propiedad.
