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El Gobierno aprobó una reestructuración integral de la Procuración del Tesoro de la Nación que incluye la eliminación de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado y redefine completamente el organigrama del organismo. La medida dispuesta por el Decreto 475/2025 también implica la creación del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP), un nuevo órgano más integrado a la estructura del organismo y con mayores responsabilidades en materia de formación jurídica y selección de personal.
La medida del Gobierno se había anticipado este miércoles, después de que la Procuración anunciara que inició una investigación tras considerar que hubo “filtraciones” internas en el litigio internacional por la expropiación de YPF, con sede de Nueva York. “Se está haciendo una purga. Creemos que hubo filtraciones en el caso YPF”, dijeron a LA NACION este miércoles fuentes de Casa Rosada.
Entre las modificaciones, que se determinan con esta normativa firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se conforma una dirección nacional dedicada a sumarios, investigaciones administrativas y auditorías, que se encargará de sustanciar procedimientos disciplinarios, auditar causas judiciales relevantes y producir informes jurídicos sobre temas sensibles. Esta dirección absorberá tareas que antes estaban dispersas en distintas unidades.
También se fortalecen áreas ya existentes con funciones centrales en la estructura del Estado. La Dirección Nacional de Dictámenes continuará fijando los criterios jurídicos obligatorios para la administración pública nacional. La Dirección Nacional de Asuntos Judiciales tendrá a su cargo la estrategia del Estado en los juicios que se tramiten en el país. Por su parte, la Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales concentrará la defensa de los intereses de la Argentina ante tribunales internacionales o extranjeros, con foco en causas vinculadas con deuda soberana o tratados internacionales.
Por otra parte, se elimina la Escuela de Abogados del Estado y, en su reemplazo, se crea el CEFAP, que tendrá a su cargo el diseño y la implementación de actividades de formación, la certificación de competencias técnicas y la elaboración de perfiles para cubrir cargos dentro del cuerpo jurídico estatal. También intervendrá en los procesos de selección, podrá organizar congresos y foros, celebrar convenios con organismos públicos y universidades, y realizar exámenes periódicos para evaluar el desempeño de los abogados del Estado. Este nuevo centro estará presidido por el Procurador del Tesoro y contará con representantes de los ministerios de Justicia y Economía, y de la Secretaría de Transformación del Estado.
La norma también instruye a la Procuración del Tesoro a realizar una revisión integral de los recursos materiales que estaban destinados a las estructuras eliminadas, con el objetivo de reasignarlos de forma eficiente dentro del nuevo esquema. Además, establece que los programas de formación en curso se mantendrán vigentes hasta su finalización bajo la supervisión del CEFAP, que será el encargado de certificar los estudios realizados.
La reorganización fue evaluada por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional, la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y la Oficina Nacional de Presupuesto. Además, en el texto de la normativa se aclara que la implementación del nuevo esquema no demandará fondos adicionales y se financiará con los créditos ya asignados al Ministerio de Justicia.
