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Una nueva iniciativa bipartidista pretende transformar la política de inmigrantes de Estados Unidos. Se trata de la llamada “Ley de Dignidad de 2025”, una propuesta legislativa impulsada por las representantes María Elvira Salazar (republicana de Florida) y Verónica Escobar (demócrata de Texas), que aborda desde múltiples frentes el complejo sistema migratorio actual. Su objetivo principal es ofrecer soluciones concretas tanto en materia de seguridad fronteriza como en la regularización de millones de personas que hoy viven sin papeles en el país norteamericano.
Un enfoque integral: seguridad, legalización y competitividad
El proyecto se articula en tres divisiones: “Seguridad Fronteriza para América”, “Dignidad y Sueño Americano” y “Prosperidad y Competitividad Estadounidense”. Cada una introduce medidas detalladas para reformar el sistema desde su raíz.
- Control en la frontera
La División A se centra en el fortalecimiento del control fronterizo. Propone la construcción de nuevas barreras físicas en la frontera sur, el despliegue de tecnología avanzada, y una ampliación drástica de las operaciones aéreas y marítimas para frenar el cruce ilegal. Además, establece un comité asesor con rancheros y propietarios afectados por las actividades de los cárteles y obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a presentar informes periódicos sobre amenazas.
- Contra delitos por inmigración irregular
El proyecto también introduce penas más severas contra delitos vinculados a la inmigración irregular. Las personas que hayan sido deportadas y reingresen ilegalmente podrían enfrentar hasta 30 años de prisión si tienen antecedentes penales. Además, se endurecen los castigos por contrabando de personas, tráfico sexual de menores y el uso fraudulento de documentos para trabajar o votar.
- Plataforma para contratar migrantes legales
Otro aspecto central de esta división es la obligatoriedad de E-Verify, el sistema de verificación electrónica de empleo. En un plazo de 30 meses, todas las empresas —desde las grandes corporaciones hasta pequeños negocios agrícolas— deberán comprobar que sus empleados tienen autorización legal para trabajar.
Solicitudes de asilo en 60 días
Uno de los puntos más novedosos de la ley es la transformación del sistema de asilo. Se establece un nuevo procedimiento acelerado, con la meta de resolver la mayoría de las solicitudes en 60 días, en contraste con los extensos procesos actuales que pueden durar años.
- Familias migrantes unidas
Para lograrlo, se proponen tres “Campus Humanitarios” ubicados en la frontera con México. Allí se realizarán las entrevistas de miedo creíble en un entorno no carcelario, lo que mantendrá unidas a las familias. Los centros contarán con profesionales de salud mental, defensores de derechos de niños y personal de múltiples agencias.
- Centros de procesamiento de asilo en Latinoamérica
Además, se autoriza la instalación de hasta tres centros de procesamiento en América Latina, con el fin de evaluar solicitudes de asilo antes de que los migrantes lleguen a la frontera estadounidense. Esto incluirá la posibilidad de acceder a visas humanitarias, programas de reunificación familiar y consultas para acceder a trabajos temporales en Estados Unidos.
Nuevo programa de regularización para inmigrantes indocumentados
En su División B, la ley establece un nuevo programa de regularización de inmigrantes indocumentados que hayan residido en Estados Unidos desde antes del 31 de diciembre de 2020. A través del Programa Dignidad, esas personas podrán obtener un estatus legal si cumplen ciertos requisitos, entre ellos:
- Pasar una verificación de antecedentes penales.
- Admitir su presencia irregular ante el DHS.
- Pagar una contribución inicial de US$1000.
- Trabajar o estudiar al menos cuatro años.
- Cumplir con las leyes, pagar impuestos y adquirir seguro de salud.
- Abonar US$7000 adicionales durante los siete años del programa.
Quienes completen satisfactoriamente estas condiciones podrán acceder al “Estatus Dignidad”, que será renovable cada siete años. Este permitirá vivir y trabajar legalmente, aunque no dará acceso a beneficios federales condicionados por los ingresos.
El proyecto también recupera la esencia de la Ley DREAM, al otorgar residencia permanente a los jóvenes llevados ilegalmente al país norteamericano cuando eran menores, conocidos como “Dreamers”, así como a ciertos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
La residencia podrá convertirse en permanente si el solicitante cumple con requisitos académicos, laborales o de servicio militar.
Visas familiares, profesionales y modernización del sistema legal
La tercera parte de la ley, bajo la División C, propone modernizar el sistema de inmigración legal. Busca reducir los atrasos que dejaron a miles de familias en la espera de una respuesta por años.
Entre las medidas destacadas figuran:
- Permitir que quienes hayan esperado una visa durante más de 10 años puedan pagar una tarifa única de US$50.000 para obtenerla.
- Aumentar los límites por país del 7% al 15% para visas basadas en empleo o en lazos familiares.
- Excluir del cómputo de cupos anuales a los cónyuges e hijos menores de edad que acompañan a solicitantes principales.
La ley también beneficia a estudiantes y profesionales extranjeros. Sugiere convertir las visas F de estudiantes en visas de “intención dual”, situación que permitiría que los jóvenes permanezcan en el país norteamericano tras graduarse si desean quedarse a trabajar. Asimismo, los doctores en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) serían considerados como personas con habilidades extraordinarias, habilitadas a recibir visas preferenciales.
