El diputado nacional misionero Martín Arjol, junto a otros cuatro legisladores integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara baja, participó esta mañana de una reunión convocada por el gobierno nacional para obtener el apoyo al veto a la ley de movilidad jubilatoria, iniciativa que inicialmente habían acompañado con el voto favorable en la sesión del 5 de junio y que luego fue aprobada por el Senado el 21 de agosto pasado.
El cónclave se realizó en Casa Rosada y estuvo liderada por el propio presidente Javier Milei, en tanto que también estuvieron funcionarios de primera plana tales como su hermana y secretaria general de la presidencia Karina Milei; el presidente la Cámara Baja Martín Menem; la ministra de Seguridad Patricia Bullrich; el titular de la cartera de Defensa Luis Petri, entre otros.
Además de Arjol, quien ocupó un lugar de privilegio en la mesa al sentarse inmediatamente a la derecha del presidente, estuvieron sus compañeros de bloque en la UCR Luis Picat (Córdoba); José Federico Tournier (Corrientes); Mariano Campero (Tucumán); y Pablo Cervi (Neuquén).
La reunión se da un día antes a la sesión donde la Cámara de Diputados de la Nación debe decidir si rechaza o mantiene el veto que Milei dispuso por decreto a la ley de movilidad jubilatoria sancionada hace menos de un mes y la difusión de la foto del encuentro parece ser un mensaje que confirma el acompañamiento de los legisladores presentes, lo que que a su vez generaría una fragmentación en el bloque radical.
Es que, tanto el presidente del partido, Martín Lousteau, como el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, ambos senadores, se manifestaron a favor de insistir con la ley y pidieron que los diputados que acompañen la iniciativa.
Además, marcaría un cambio de postura en los propios diputados, ya que tanto Arjol como los demás legisladores que hoy compartieron mesa con Milei habían votado a favor de la ley el pasado 5 de junio.
“Vamos a acompañar los argumentos”
Incluso, en aquella ocasión el tucumano Campero fue el diputado informante del proyecto y en su discurso sostuvo que “instamos al Gobierno a que acerque una mejor fórmula. Me parece que la motosierra tiene que ir a la casta y no a nuestros jubilados, por eso acompaño el proyecto de nuestro bloque”.
Sin embargo, hoy cambió de opinión y en sus redes sociales adelantó que ahora acompañará el veto “acompañando los argumentos del presidente”.
“En el Congreso, Unión por la Patria, el kirchnerismo, incluso también con algunos bloques dialoguistas, permanentemente, con cuestiones muy nobles, como jubilaciones y universidades, pero que en el fondo tienen un objetivo escondido que es el de golpear el plan económico, moviendo uno o dos puntos del PBI, y la única forma que podría solucionarse es generando deuda o emitiendo”, señaló en un video publicado en X.
Y remató: “Y acá claramente, con aciertos y con errores, el gobierno dijo: vamos al equilibro fiscal, vamos a dejar de emitir y vamos a que un dólar no supere. ¿Quién calculaba que el dólar hoy iba a estar abajo de $1.300 el blue? Nosotros vamos a acompañar estos argumentos que está presentando el presidente respecto al veto”.
De esta manera, y más aún después del cónclave de hoy, los especialistas políticos estiman que la UCR perdería entre ocho y diez votos en las últimas horas, panorama que dejaría a la oposición sin posibilidad de alcanzar los dos tercios necesarios para sostener el proyecto y, en consecuencia, el oficialismo podría mantener el veto.
De igual manera, esta tarde habrá reuniones de todas las bancadas y se estima que allí cada sector definirá el camino a seguir. Mientras tanto, organizaciones sociales y jubilados se preparan para volver a manifestarse en las afueras del Congreso, donde el gobierno adelantó que se volverá a aplicar el protocolo antipiquetes.
El proyecto
El proyecto de movilidad jubilatoria que se analiza mantenía el esquema de actualización por inflación aprobado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Milei, pero le sumaba un incremento adicional del 8,1% a los haberes de abril (el Gobierno había otorgado un incremento del 12,5%), con el objetivo de completar el 20,6% de inflación correspondiente a enero.
Además, se disponía que el haber mínimo no podía ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto (que publica mensualmente el INDEC y define la línea de pobreza), lo que equivalía a $ 321.600, $ 15 mil más que el monto de junio.
Finalmente, el proyecto proponía que la fórmula de movilidad no dependiera sólo de la inflación sino que también tuviera en cuenta los salarios. De esta manera, en caso de que el índice de inflación quedara por debajo del de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE), los jubilados recibirían el 50% de esa diferencia a través de un ajuste semestral.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los cambios en la movilidad significarían un gasto extra del 0,45% del PBI en todo el año.
El comunicado de la Oficina del Presidente, donde anunciaron el veto, por su parte, afirmaba que la ley “implica un gasto del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en e futuro los jóvenes argentinos”.