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(CNN Español) – El gobierno de Claudia Sheinbaum busca construir un millón de viviendas a bajo costo para garantizar el derecho a un techo de familias mexicanas. Para lograr ese objetivo, el pleno del Senado de México discutirá una reforma constitucional en materia de vivienda. A continuación, te contamos qué cambios tendría y a quiénes beneficiarán.
La reforma plantea modificar el artículo 123 de la Constitución para que el Fondo Nacional de Vivienda (Infonavit) establezca un sistema con orientación social que permita a los trabajadores obtener una vivienda a crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora.
Señala que las empresas de cualquier sector estarán obligadas a realizar aportaciones a un fondo nacional de vivienda que se utilizará para construir depósitos en favor de los trabajadores.
“Dicho fondo establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes, que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá adquirir suelo y construir vivienda, en los términos que fije la ley”, señala el proyecto.
La reforma ampliaría las facultades el Infonavit para convertirlo en una constructora pública.
En términos económicos, el documento establece que después de un año de cotización, los trabajadores podrán acceder a viviendas en arrendamiento. En ese caso, la mensualidad de pago no podrá ser mayor al 30% del salario de los empleados.
¿A quiénes beneficia?
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se busca otorgar vivienda a bajo costo tanto para trabajadores derechohabientes del Infonavit como para no derechohabientes.
El proyecto señala que, en el caso de arrendamiento, se dará preferencia de acceso a la vivienda a trabajadores que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia. Además, la ley preverá mecanismos para evitar discrecionalidad o injerencias arbitrarias que limiten el acceso a este derecho.
Se prevé que del millón de viviendas proyectadas para el actual sexenio, unas 165 mil sean construidas en 2025, incluidas varias para renta que beneficiarán especialmente a jóvenes cuyos ingresos no les permite alquilar un hogar.
La reforma «resuelve el enorme problema e establecer la responsabilidad directa del Estado para asegurar que todos los trabajadores tengan a acceso a una vivienda digna y adecuada que ayudará a disminuir la pobreza y la desigualdad», señaló el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, óscar Cantón Zetina.
El Programa de Vivienda y Regularización anunciado por el actual gobierno contempla una inversión de 600 mil millones de pesos (unos US$ 29.921 millones) para beneficiar a todas las zonas del país.
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