Los estudiantes secundarios que participan del primer Parlamento Estudiantil de Eldorado denunciaron presuntos maltratos, censura y amenazas por parte de la presidenta del Concejo Deliberante, María Cristina Bandera, y de empleados de la institución. Las quejas también fueron respaldadas por tres concejales que solicitaron una investigación y posibles sanciones.

El Parlamento Estudiantil permite que estudiantes de escuelas secundarias presenten proyectos sobre temas relevantes para ellos, siguiendo la dinámica del Concejo Deliberante local. El lunes 28 de octubre, durante la elección de autoridades estudiantiles, surgieron discrepancias. Según los estudiantes, la presidenta Bandera intervino para favorecer a un candidato de su preferencia, lo que generó críticas y tensiones. En el intento de expresar su desacuerdo, uno de los estudiantes fue interrumpido, y la transmisión oficial fue pausada, según denunciaron.

Además, algunos estudiantes reportaron que un colaborador de Bandera los amenazó con represalias si hablaban públicamente sobre el incidente. En redes sociales, los jóvenes compartieron su malestar, señalando que el comportamiento de Bandera fue “soberbio” y “agresivo”, y criticando su forma de liderar el Parlamento Estudiantil. Expresaron que estas actitudes contradicen los valores de respeto y educación que deberían primar en el ámbito institucional.

Respuesta de las Instituciones y Reacciones de los Concejales

En apoyo a sus estudiantes, varios directores de escuela se comunicaron con otros concejales y asistieron a una sesión especial el 29 de octubre, en la que ratificaron las denuncias de los alumnos y cuestionaron la falta de una atmósfera democrática. Algunos docentes consideraron la posibilidad de retirar a sus escuelas del Parlamento debido a estos conflictos, aunque finalmente se mantuvieron.

La situación escaló aún más cuando los concejales Sebastián Tiozzo, Augusto Daniel González y Edgar Fernando Montiel entregaron una nota a Bandera, en la que destacaron las denuncias de los estudiantes sobre presiones al votar y amenazas para mantener silencio. En el escrito, solicitaron que se investiguen los hechos y se tomen medidas para sancionar a los responsables, afirmando que la violencia institucional es “inaceptable”.

El asesor legal del municipio, Germán Chemes, planteó la posibilidad de iniciar acciones legales si se confirman las amenazas. Al respecto, cinco directores de instituciones presentaron una nota formal en repudio a las acciones de la presidenta del Concejo.