El diputado provincial por el Partido Agrario y Social (Pays), Cristian Castro, presentó una denuncia tras observar movimientos de tierra y loteos en un área que comprende el “Conjunto Jesuítico San Javier”, lo cual estaría “afectando al patrimonio cultural” y responsabilizó por lo sucedido al jefe comunal Javier Matías Vilchez.
La presentación policial tuvo lugar ayer domingo, haciendo referencia al área ubicada junto al barrio Las Misiones, donde una inmobiliaria comenzó a realizar “trabajo de limpieza y loteo de todo el terreno”, pese a ser reconocido como “patrimonio histórico y cultural de la provincia”, según consta la denuncia presentada en la comisaría local.
En su denuncia, el diputado Castro planteó que “en el lugar pude notar que había maquinaria pesada en estos días y a unos 200 metros del lugar un montículo con tierra y piedras de la reducción”.
“Responsabilizo primeramente al intendente de San Javier como responsable administrativo del municipio por habilitar el loteo, ya que frente a las reducciones se encuentra un cartel con la oferta de los terrenos”, apuntó el legislador en su presentación.
Según averiguó La Voz de Misiones, este lunes el legislador se comunicó con el ministro de Cultura, Joselo Schuap, secretarios y arqueólogos a fin de buscar soluciones ante el hecho que, a su entender, “pone en riesgo un importante patrimonio cultural”.
La situación se agrava considerando que, aunque las tierras son propiedad privada, el municipio autorizó el loteo en un sector muy próximo a las reducciones, las cuales deberían ser protegidas por la Ley 25.743 de Protección al Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, vigente desde el año 2003.
Esta legislación define que: “El patrimonio arqueológico está conformado por los yacimientos, objetos y todos los vestigios de cualquier naturaleza que puedan proporcionar información sobre las sociedades que habitaron el país desde épocas precolombinas, incluyendo a los eventos de épocas históricas recientes y que se encuentren en la superficie, en el subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales”.
“Estos bienes son de dominio público y por lo tanto no pueden ser apropiados por ningún individuo particular”, agrega la normativa.
Tras la denuncia, se dio intervención al Juzgado de Instrucción Cinco, a cargo de la magistrada Leandro N. Alem.