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La diputada provincial por el PRO, Miky González Coria, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Misiones para derogar los artículos 5, 6 y 7 de la Ley XIV – Nº 16, que regula la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos.

La creación de dicha dependencia judicial fue impulsada por el ex gobernador y conductor político Carlos Eduardo Rovira y aprobada por la legislatura con 27 votos afirmativos contra 11 negativos a finales de septiembre pasado.

A partir de ahí, fue blanco de críticas por parte del arco opositor, quienes cuestionan que algunos artículos contemplados con la ley podrían representar un riesgo para la libertad de expresión.

En palabras de González Coria, las disposiciones mencionadas “podrían vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la privacidad y el debido proceso”.

En esa línea, también argumentó que la normativa sancionada “otorga amplias facultades al fiscal especializado en ciberdelitos, lo que podría traducirse en interpretaciones arbitrarias y persecuciones a opiniones críticas sobre funcionarios públicos o instituciones”.

Los artículos

Recientemente, la legisladora del PRO emitió un comunicado señalando que “los artículos 5, 6 y 7 son inconstitucionales y contradictorios con el Código Penal de la Nación, al exceder las competencias provinciales en materia legislativa”.

En ese sentido, puntualizó los cuestionamientos a cada uno de los artículos mencionados, afirmando que, el artículo 5, por ejemplo, “establece agravantes para delitos de defraudación”, lo que, según la diputada, “invade competencias del Código Penal Nacional, una norma de fondo que debe prevalecer sobre legislaciones provinciales”.

En cuanto al artículo 6, refirió que: “Permite el secuestro de dispositivos electrónicos sin orden judicial previa”. En ese punto, González Coria señaló que “esta medida afecta gravemente la privacidad y podría ser utilizada para censurar las redes sociales, limitando la libertad de expresión y el control ciudadano sobre los actos gubernamentales”.

En el documento de la ley, se puede leer que: “El Fiscal de Instrucción Especializado en Ciberdelitos, en cuanto la premura del caso lo requiera, queda facultado para disponer el inmediato secuestro y reserva de los dispositivos móviles, informáticos, electrónicos o cualquier otro en virtud de que existan sospechas”.

Finalmente, la diputada afirma que el artículo 7 “autoriza al fiscal a actuar contra “noticias falsas” o “fake news” generadas mediante plataformas digitales”.

Según la normativa en cuestión, este último apartado sostiene que: “En el caso de los delitos previstos por los artículos 109 (injurias), 110 (calumnias), 211 (intimidación pública) y 212 (incitación a la violencia) del Código Penal de la Nación, cuando el medio utilizado para la realización de aquellos actos típicos sean medios electrónicos, informáticos o plataformas de inteligencia artificial generativa, para crear noticias falsas (“fake news”) sobre individuos o instituciones públicas o privadas y sean difundidas a través de medios informáticos, digitales, o cualquier otro soporte; el Fiscal de Instrucción Especializado en Ciberdelitos podrá disponer de las medidas dispuestas en el artículo 6 de la presente ley”.

Fake news

A través del mismo comunicado que detalla los argumentos de su proyecto de ley, la funcionaria provincial cuestionó “la falta de criterios claros para definir qué constituye una noticia falsa, lo que podría dar lugar a un uso discrecional de esta norma para silenciar voces opositoras y restringir el debate público”.

Finalmente, advirtió sobre “el riesgo de autocensura entre los ciudadanos, quienes podrían evitar expresarse por temor a represalias legales” y al respecto profundizó: “La ley, tal como está redactada, crea un ambiente de intimidación que pone en jaque derechos fundamentales de los misioneros”.

El texto del proyecto fue firmado por todos los diputados del bloque PRO con el objetivo de “resguardar las garantías constitucionales y el respeto por los derechos civiles en la provincia” y remitido al Poder Ejecutivo Provincial para su análisis y debate.

La Fiscalía

Desde el oficialismo, el diputado Carlos Rovira, aseguró -en los fundamentos del proyecto- que la ley sancionada a finales de septiembre busca “enfrentar los crecientes desafíos que plantea la ciberdelincuencia en un mundo altamente mediatizado por la tecnología”.

A lo que agregó: “La fiscalía creada no solo protegerá a los ciudadanos, sino que también fortalecerá la infraestructura de seguridad digital de la provincia, creando un entorno más seguro y confiable para todos”.

La normativa fue elevada a pocos meses luego de que un área de ciberdelitos internacional detectara la tenencia de 913 archivos de Material de Abuso Sexual Infantil (Masi) en diferentes dispositivos portátiles del por entonces diputado, hoy expulsado, Germán Kiczka, motivo por el que permanece preso junto a su hermano Sebastián en el penal de Cerro Azul.

En ese marco, el diputado oficialista observó la medida como herramienta útil para el combate de delitos como ser: estafas digitales, robo o sustitución de identidad, trata de personas, tráfico de pornografía infantil y narcotráfico.