Señales de reconciliación con la política

El universo de la opinión publicada en torno a la política conformado por ensayistas y personal más o menos especializado tiende a poner el acento en los aspectos más contenciosos, cuando no escabrosos o incluso catastrofistas de ella. Sin embargo, hay otras facetas de la actividad política en América Latina que requieren observarse para reivindicar su revalorización.

En el último mes una secuencia de sucesos diversos puede tomarse en cuenta para abogar por la existencia de una arena favorable de evidente reconciliación con la política. A continuación abordo sucintamente una serie de casos que apenas han tenido realce mediático pero cuyo componente de dignificación de la política es relevante.

En Panamá, la legislación prevé la posibilidad de que la financiación pública que reciben los partidos y los candidatos de libre postulación pueda ser devuelta en cuyo caso engrosaría el presupuesto nacional de ciencia y tecnología.

Recientemente la bancada de Vamos, una instancia integrada por jóvenes asambleístas independientes que constituyen el principal grupo parlamentario, renunció a la financiación pública recibida de seis millones de dólares por considerar que dicho monto tendría un mayor impacto en el siempre precario sistema nacional de ciencia y tecnología en concreto en el ámbito del tratamiento y de la prevención del cáncer.

En Uruguay las cifras de participación política en las pasadas elecciones presidenciales y legislativas se acercan al 90% del electorado. Cierto que el voto es obligatorio pero también lo es en una buena parte de los países latinoamericanos sin que se alcance ese nivel. Ello es una expresión de compromiso inequívoco con la política que se traduce en escenarios de alternancia y de juego vigoroso en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por otra parte, la estabilidad de su sistema de partidos con tres fuerzas políticas es asombrosa e inédita en América Latina.

Además de todo ello el electorado rechazó en sendas consultas populares una propuesta que violentaba derechos ciudadanos en pro de la lucha contra la delincuencia y otra referida a una reforma del régimen de pensiones que pondría seriamente en riesgo su continuidad.

Los gobiernos de Lula da Silva en Brasil y de Gustavo Petro en Colombia, ambos claramente alineados en la izquierda de la arena política de sus países, han manifestado firmemente que no reconocerán la reelección del presidente Nicolás Maduro si su gobierno no publica los registros detallados de la votación del 28 de julio antes del 10 de enero cuando termina su mandato actual.

En el mismo sentido, el gobierno brasileño bloqueó la entrada de Venezuela en el sistema de BRICS+. El significado de esta postura de los dos grandes vecinos de Venezuela con respecto a este régimen autocrático que refuerza el principio de elección democrática del poder político es sobresaliente por su liderazgo además de contar con intereses evidentes inmediatos por su carácter fronterizo.

La democracia fatigada que asola a los países latinoamericanos tiene en la Justicia una herramienta por la que evidenciar que el estado de derecho puede funcionar consolidando la separación de poderes.

En Brasil el asesinato de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco – visto por muchos como un ataque a la democracia, en gran parte por su origen humilde y por sus incansables esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de los sectores populares de Río- y de su chófer no ha quedado impune pues la Corte Suprema acaba de condenar a los autores.

Otra evidencia, en una dirección diferente pero que también tiene por protagonista a la judicatura, se ha dado en Perú, un país con serios problemas con relación a la descomposición de su sistema de partidos y a la ineficiencia de su Poder Ejecutivo con el apoyo popular más bajo de América Latina que, sin embargo, ha visto cómo la Justicia ha desempeñado un papel relevante al involucrar a cuatro expresidentes (Alan García, Ollanta Humala, Pedro P. Kuczynski y Alejandro Toledo) en actos de corrupción.

El último de ellos acaba de ser condenado a 20 años de prisión por recibir 35 millones de dólares en sobornos procedentes de la constructora brasileña Odebrecht.

En Argentina, la Cámara Federal de Casación Penal ha confirmado la condena a seis años de prisión e “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos” contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por un caso de corrupción relacionado con irregularidades en obras viales. Es previsible que Fernández presente una apelación ante la Corte Suprema, un proceso que podría extenderse por varios meses o incluso años.

Este panorama empata con otros casos notorios como los de los expresidentes Ricardo Martinelli de Panamá condenado a 10 años en 2023 y hoy refugiado en la embajada nicaragüense en su país, Tony Saca de El Salvador condenado en 2018 también a 10 años de cárcel y Mauricio Funes del mismo país, asilado en Nicaragua, pero condenado en El Salvador a 14 años de prisión en 2023.

En su quehacer, estos casos muestran que la política ha dado señales en cierta medida positivas, en términos de Hannah Arendt, en pro de velar porque la convivencia entre las personas pueda ser posible, superando el prejuicio máximo de que la política sea “una sarta fraudulenta y engañosa de intereses e ideologías mezquinos”.

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