La «Motosierra» llegó a la Procuración General de la Nación con un recorte de fondos

El gobierno nacional aplicó la misma lógica: el Poder Judicial pidió una partida presupuestaria para el 2025 pero se concedió mucho menos de lo solicitado. La Corte Suprema fijó los números requeridos para su funcionamiento de cara al próximo año, se les otorgó una cifra inferior. Ahora, el Ministerio Público Fiscal (MPF) atraviesa una situación similar, habían elevado al Ministerio de Economía una necesidad presupuestaria de 641.000 millones de pesos, de los cuales fueron aceptados 454.807 millones. “Es una cifra muy ajustada”, señalaron fuentes judiciales y se refirieron a la imposibilidad de contar fondos para la creación de cargos en medio de la implementación del Sistema Acusatorio que demanda más personal del MPF.

EN medio de la discusión por los dos candidatos que impulsa Javier Milei para conformar la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno validó para la justicia un presupuesto muy por debajo de lo solicitado. El proyecto remitido al Congreso de la Nación contempla una partida para la Justicia de 1.760 billones de pesos contra los 2.594 billones requeridos por la Corte y el Consejo de la Magistratura.

El desagregado es de 1.538 billones de pesos para el Consejo de la Magistratura y de 222 mil millones para la Corte. Así, el máximo tribunal recibirá un 41% menos de fondos de lo requerido, que eran más de 374.618 millones de pesos para el 2025.

Una situación similar ocurrió con el Consejo de la Magistratura, que solicitó 2.219.567.186.189 de pesos pero el gobierno le aprobó 1.538 billones de pesos.

Mismo criterio se aplicó a la hora de analizar los números presentados por la Procuración General de la Nación. El presupuesto se eleva al Ministerio de Economía y es el responsable de determinar cuántos fondos se destinarán al MPF para el próximo año.

“El Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) es el órgano constitucional encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. En especial, tiene por misión velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República sea parte y procurar el acceso a la justicia de todos los habitantes”, explica el proyecto de Ley de Presupuesto que ingresó al Congreso.

Las funciones de control de legalidad que realizan los fiscales es diverso, funciona en materia civil, comercial, laboral, electoral, previsional, contencioso-administrativo federal y ejecución fiscal, se destaca especialmente el ejercicio de la acción penal pública actuando como parte acusadora en el proceso penal.

Un número clave

Cuando la Procuración General, dirigida por Eduardo Casal, elevó el pedido de presupuesto el número que se había fijado en 614.000 millones de pesos, incluyendo la cobertura de salarios. Sin embargo, específicamente a la cabeza del MPF el Gobierno le aprobó 454.807 millones de pesos.

Sí se observa el número inicial solicitado, y que no fue avalado por la Casa Rosada, se puede apreciar la enorme carga de personal que representa. Más de 400 mil millones de pesos demanda la cobertura de salarios.

Fuentes judiciales consultada por Clarín, señalaron que hace dos presupuestos que no reciben por parte del Poder Ejecutivo Nacional, “fondos para generar cargos y eso no es un detalle ya que yendo al Sistema Acusatorio y teniendo por regla histórica que el Poder Judicial es el triple de personal que el MPF, nos han obligado a gastar todos los cargos de personal que se venían ahorrando para contingencias desde hace siete años”.

El período analizado no es un dato menor. Es la cantidad de años que Eduardo Casal lleva como Procurador en carácter de interino tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, designada durante la última presidencia de Cristina Kirchner.

El cargo se encuentra, desde entonces, cubierto con el interinato de Casal, algo contemplado por la ley que rige al MPF cuando el jefe de los fiscales renuncia, como ocurrió. Va a cumplir en el puesto más años como interino que lo estuvieron allí los últimos procuradores designados como titulares.

“Es un fracaso de la política la situación”, es una explicación reiterada dentro del Ministerio Público Fiscal, ya que elegir un candidato para el cargo que es vitalicio y que tiene intervención ante la Corte Suprema de Justicia, es potestad del Presidente de la Nación. Después, ese pliego debe ir al Senado donde después de pasar por la Comisión de Acuerdo y la correspondiente audiencia pública, se envía al recinto para su votación. Se requiere una mayoría especial, es decir: los dos tercios del cuerpo.

Ninguna fuerza política tiene esa cantidad de manos, requiere de un amplio acuerdo político para la designación de un jefe/a de los fiscales. Mauricio Macri fracasó tras haber elegido a Inés Weinberg de Roca, como también Alberto Fernández que anunció para el puesto al juez federal Daniel Rafecas.

Con ese telón de fondo se han librado las últimas discusiones presupuestarias de la Procuración General de la Nación. “Tanto en el presupuesto inicial de 2023 como del 2024 no está hecho el pedido con base en la enorme inflación que hubo. Por eso el pedido del 2025 aumenta tanto en relación con los anteriores”, se indicó.

Otra de las salvedades realizadas, es que en materia de inversión es muy bajo el porcentaje destinado ya que la carga de personal consume el mayor porcentaje de la partida. “Un detalle no menor es que la restricción en las cuotas de compromiso y devengado del último trimestre de este ejercicio del orden de 5000 millones de pesos, impide la ejecución del 30% del presupuesto vigente. Es decir, que para el año próximo ya empezamos en negativo”.

La proyección de la Procuración

La situación resulta acuciante para la Procuración General de la Nación avanza hacia la implementación del sistema acusatorio, junto al Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura, encabezado por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

El Sistema Acusatorio es un modelo procesal, un formato asignado institucionalmente para el desarrollo del proceso penal. Es el camino, en otros términos, que se transita para llegar a la verdad en el marco de un expediente y así, poder atribuir o no, responsabilidades penales. Este modelo que se viene implementando en los últimos años en nuestro país, implica que el Ministerio Público Fiscal esté 100% a cargo de las investigaciones y de todo el proceso que además, se caracteriza por su oralidad lo que imprime mayor celeridad a los casos bajo estudio.

Es por ese motivo que dentro de la Procuración General de la Nación se realiza una cuenta veloz: el Poder Judicial siempre contó con el triple de personal que el MPF, pero ahora que serán los fiscales los responsables de llevar adelante todo el proceso, eso requiere no sólo de mayor dotación de recursos humanos, sino también de inversión en materia de infraestructura. De allí, que resulte insuficientes los fondos aprobados por parte del Poder Ejecutivo para el 2025.

En los fundamentos del proyecto de Ley donde se detalla la partida otorgada a la Procuración General, se indica que el MPF dispuso la plena operatividad del sistema acusatorio en las jurisdicciones de Rosario y Mendoza. “Por su parte, para el ejercicio 2025 se prevé la puesta en funcionamiento en las jurisdicciones de General Roca y Comodoro Rivadavia. En esa directriz, se advierte que este nuevo Código redefine el papel del Ministerio Público Fiscal y lo posiciona en un lugar central dentro del nuevo sistema procesal”, se indicó.

En rigor, al Ministerio Público Fiscal le corresponderá la investigación de los delitos y la prueba de los hechos que fundan su acusación. “Ello exige diseñar un nuevo esquema de funcionamiento de la Institución en el que será necesario crear ámbitos dinámicos e interdisciplinarios de trabajo, diferentes a la estructura estática, propia del sistema inquisitivo, en la cual esta organización se constituyó como reflejo del Poder Judicial”, se volcó en el proyecto enviado al Congreso.

Los números en detalle

Bajo ese criterio se destinaron 454.807 millones de pesos a la Procuración General de la Nación, que tiene en el detalle del presupuesto, su mayor porcentaje destinado al ítem “Gastos en personal”. Esto demanda 434.055 millones. Ese número se compone de la siguiente manera: Personal permanente (431.193 millones), Servicios extraordinarios (309 millones), Asistencia social al personal (2.504 millones), Personal contratado (49 millones).

En otro orden, muy inferior, se encuentran los Bienes de Consumo (2.570 millones), Servicios no personales (9.323 millones), en este último ítems se incluyen los fondos destinados al alquiler de edificios, cifra que asciende a 3.078 millones de pesos. Los bienes de uso, que se compone de bienes intangibles, maquinaria y equipos, tiene 8.822 millones de pesos destinados según la Ley de Presupuesto 2025. Finalmente, las transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes requiere 37 millones de pesos.

Así se llega a los más de 454 mil millones de pesos que el Poder Ejecutivo Nacional concederá al MPF durante el año próximo, muy por debajo de los 641.000 millones demandados.