La responsabilidad compartida en la crisis de Vicentin: empleo, Estado y sindicatos en jaque

Por Ignacio Forconi *

La situación de Vicentin, una de las principales agroexportadoras de Argentina, ha encendido nuevamente las alarmas sobre la fragilidad del entramado productivo nacional. Más de 1000 trabajadores y sus familias enfrentan la incertidumbre ante la solicitud de la empresa para acogerse al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), una herramienta que busca reestructurar la situación financiera y laboral de firmas en apuros. Sin embargo, este mecanismo pone en juego mucho más que balances y planillas: está en riesgo la estabilidad social de regiones enteras.

Un gigante tambaleante

Vicentin fue durante años uno de los actores más relevantes en el comercio de granos y aceites. Pero desde su default en 2019, la compañía se ha visto atrapada en un complejo escenario de litigios judiciales y dificultades financieras. El concurso preventivo iniciado en 2020 no ha logrado encauzar la situación, y la prolongada falta de definiciones solo ha profundizado la crisis.

A esta ya delicada coyuntura se sumó un paro -ahora suspendido por una conciiliación obligatoria de 15 días- de los trabajadores nucleados en el SOEA. La medida de fuerza interrumpió la actividad productiva, y agravó aún más la situación operativa de la empresa. Además, la falta de respaldo sindical al pedido de apertura del PPC complica aún más la posibilidad de alcanzar acuerdos que protejan los puestos de trabajo.

La injerencia estatal: entre la intervención y el acompañamiento

En este contexto, el rol del Estado adquiere una relevancia central. Su intervención no debe limitarse a la mera supervisión del proceso judicial, sino que debe orientarse a articular soluciones integrales que permitan sostener la actividad productiva y preservar el empleo. El Procedimiento Preventivo de Crisis está diseñado precisamente para facilitar acuerdos entre empleadores, trabajadores y el Estado, pero su efectividad depende de la voluntad de todas las partes.

Resulta fundamental que las autoridades impulsen medidas complementarias que contribuyan a aliviar la presión financiera de la empresa, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos laborales y la estabilidad del empleo.

Un riesgo latente para las economías regionales

La posible pérdida de más de 1000 empleos tendría un impacto devastador en las economías locales. La caída del consumo, el cierre de comercios y la retracción de la actividad económica generarían un efecto dominó que podría extenderse más allá de la empresa. Cada puesto de trabajo directo en Vicentin sostiene varios empleos indirectos en la cadena de valor, desde proveedores hasta transportistas.

Por si fuera poco, la prolongada demora judicial para resolver el concurso preventivo o una eventual sentencia adversa podría sellar el destino de la empresa. Sin decisiones rápidas y coordinadas, la situación podría volverse irreversible.

Construir soluciones sostenibles

La crisis de Vicentin no es un hecho aislado, sino el reflejo de problemas estructurales de la economía argentina. Es necesario que Estado, empresas y sindicatos trabajen de manera conjunta para encontrar soluciones que no solo resuelvan la coyuntura, sino que también fortalezcan el tejido productivo a largo plazo.

El desafío es enorme, pero también lo es la responsabilidad compartida. La agroindustria es un pilar fundamental para el desarrollo del país, y sostener su funcionamiento debe ser una prioridad. Sin compromiso colectivo, el costo social y económico será demasiado alto.

*Nota de la Redacción: El autor es abogado especialista en derecho del trabajo y docente universitario.