01.46 | Georgieva dijo tras ver a Milei que quieren trabajar “con rapidez” para cerrar el nuevo programa
WASHINGTON.– Un año después de su primer encuentro en Davos, el presidente Javier Milei volvió a reunirse este domingo en Washington con la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. El contexto no podría ser más diferente: Milei llegó fortalecido por los resultados de su programa económico, cubierto de elogios por la propia Georgieva –con la que logró tejer una sintonía personal– y el staff del organismo, con el camino despejado para cerrar un nuevo programa con el respaldo de Donald Trump en la Casa Blanca.
Milei recibió a Georgieva en el hotel donde se hospeda en Washington, el Fairmont, por casi una hora y media. Luego de la reunión, Georgieva dijo a la prensa argentina en el lobby del hotel que el país ha logrado un “tremendo progreso”, que el Gobierno está “superando” los resultados de los esperados, y anticipó que una misión técnica del Fondo viajará a Buenos Aires la semana próxima.
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01.00 | Ley de quebrantos: el Gobierno despertó la polémica por un proyecto en el que no se hace cargo de la inflación anterior a su gestión
Entre los pocos temas previstos para las sesiones extraordinarias, el Gobierno presentó un proyecto para modificar la ley de Impuesto a las Ganancias y disponer la actualización de los quebrantos impositivos. Según el texto se admite el ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero solo para ejercicios fiscales desde el 1° de enero de este año. Hacia atrás no permiten la actualización, en línea con el dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos de diciembre pasado que estableció que las normas legales vigentes no permitían el ajuste. Los quebrantos (pérdidas fiscales) se pueden computar por cinco años y si no se actualizan solo se pueden deducir a valores nominales lo que hace que se pague más impuesto.
De acuerdo con esto, una parte de los tributaristas sostiene que no aceptar la actualización, sobre todo para períodos de alta inflación, es un abuso por parte del Estado. Pagar impuestos sobre ese “no reconocimiento” es un avasallamiento de la capacidad contributiva, en muchos casos, es confiscatorio y afecta el derecho a la propiedad privada.
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