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El gobierno nacional ha anunciado que se encuentra en análisis el primer tramo de una profunda modificación a la estructura impositiva, que contempla una importante reducción de la cantidad de tributos –a diferencia de las provincias y los municipios, el presidente Milei hasta ahora ya bajó 12– y una disminución de su incidencia. El objetivo central sigue siendo mantener el equilibrio fiscal, sosteniendo el fuerte recorte del gasto público de 2024 con un ajuste fiscal adicional. La segunda fase será a partir de 2026, en tiempos poselectorales.
En reiteradas ocasiones hemos abordado desde este espacio la complejidad del sistema tributario argentino, con una cantidad exorbitante de impuestos, tanto en el orden nacional como en el provincial y el municipal, que llegan a 155.
A nivel nacional rigen el IVA (7,7%), Seguridad Social (4,9%), Ganancias (4,6%), el impuesto al cheque (1,7%), los derechos de exportación (0,8%), los derechos de importación (0,7%) e internos coparticipados (0,5%). Hasta el 23 de diciembre pasado, también, el recientemente derogado impuesto pais (0,8%). En el orden provincial, el impuesto sobre los ingresos brutos (4,2%), que debería ser reformulado por ser de los más perniciosos, y el de sellos, que debería ser eliminado; en el orden municipal, la tasa de inspección, seguridad e higiene (0,7%), un impuesto prohibido legalmente que los intendentes disfrazan. Algunos municipios bonaerenses vienen cobrando tasas viales que recargan sobre el precio de la nafta en otra inconcebible superposición de impuestos.
Solo con estos diez tributos, de los cuales ocho son nacionales, uno provincial y otro municipal, se obtiene el 92% de la recaudación total consolidada.
La propuesta del Gobierno tiende a la reducción de los impuestos de bajo impacto en la recaudación o distorsivos, como los derechos de exportación (retenciones) y, más recientemente, el de impuestos internos a los autos para incentivar la producción y mejorar la competitividad en mercados internacionales. Solo 12 países tienen impuesto a las exportaciones.
Algo similar debería hacerse con el impuestos a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque), cuya vigencia fue postergada hasta diciembre de este año, para lo cual deberían evaluarse tanto la posibilidad de su derogación como la reducción de su impacto. Se trata de un tributo absolutamente distorsivo y de los más perniciosos porque mide transacciones y no capacidades económicas, desalienta la bancarización y obliga al pago de impuestos sobre impuestos.
En el orden provincial, el gran desafío es el impuesto sobre los ingresos brutos, dado que se trata de un tributo plurifásico –esto es, que se aplica en dos o más etapas de la cadena de valor– y además acumulativo en todos los niveles de la producción y comercialización con sus conocidos efectos cascada. Se trata del tributo más importante a nivel de las provincias, pues recauda alrededor del 80% de los ingresos de esas jurisdicciones.
La simplificación del sistema impositivo resulta plausible, en aras de mejorar el cumplimiento fiscal, con una menor carga administrativa y una mayor eficacia de la administración tributaria. La gestión tributaria en 14 meses de gobierno redujo la carga para autónomos e introdujo cambios para monotributistas, también para transferencia de inmuebles, sobre el dólar tarjeta y sobre bienes en el exterior.
Por otra parte, se requiere aún analizar la implementación de incentivos a la inversión, siguiendo los lineamientos del RIGI nacional, con el fin de mejorar la competitividad de las empresas que se verían beneficiadas con la eliminación de los impuestos distorsivos.
Otro aspecto que debería modificarse es el vinculado al Régimen Penal Tributario, que castiga las conductas que buscan evadir el pago de impuestos en el país. Es menester adecuar el piso de punibilidad ante la desactualización de los importes, producto de la inflación. De esta manera, se lograría que este régimen se aplique solo a grandes empresas, tal como, en su momento, se hizo con programas de persecución penal de la delincuencia económica.
Se requiere además la modificación de la ley de procedimiento fiscal, para restaurar el equilibrio en la relación fisco-contribuyente, dado que en la actualidad se observan violaciones de los derechos y garantías de los contribuyentes que ponen en evidencia desigualdad de derechos.
Por último, es clave contar con una administración tributaria eficaz. En tal sentido habría sido creado el nuevo organismo ARCA, que hasta el momento no ha evidenciado ventajas o beneficios respecto de su antecesor.
Es de esperar que este año se convierta en una transición equilibrada en materia impositiva. La reforma fiscal es impostergable cuando la simplificación del sistema y la reducción de impuestos distorsivos puede ser también puerta de ingreso para nuevas inversiones. Será el Poder Legislativo el que deba aprobar cualquier cambio que persiga optimizar la recaudación, combatir la evasión y reducir la carga administrativa.
