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SAN SALVADOR.- El Congreso salvadoreño, de amplia mayoría oficialista, aprobó una ley anticorrupción y reformó el Código Penal para castigar esos delitos y otros, como homicidios y robos, con más años de prisión, extendiendo la política de mano dura que hizo popular al presidente Nayib Bukele entre la derecha de la región más allá de la crisis de la violencia y las pandillas.
La ley fue aprobada el viernes con los votos de 59 de los 60 diputados del Parlamento unicameral, que es dominado por Bukele, quien el año pasado asumió un segundo mandato tras un arrasador triunfo en las urnas pese a que la reelección consecutiva estaba prohibida por la Constitución. Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se unieron a la iniciativa del mandatario. El único voto que no se alineó a la mayoría fue el de la diputada Claudia Ortiz del partido conservador Vamos, quien se abstuvo.
La nueva norma obliga a los funcionarios y empleados públicos del Estado a presentar, además de su declaración jurada anual, un informe sobre los activos y pasivos de su patrimonio, los cuales serán publicados por el Ministerio de Hacienda luego de 15 días. La obligación incluye a hijos y al cónyuge, ya sea por matrimonio o por concubinato.
En septiembre de 2021, el Congreso salvadoreño reformó el Código Procesal Penal para que los delitos de corrupción no prescriban y se pueda investigar a los exfuncionarios por actos cometidos en los últimos 30 años.
Con esta nueva modificación, el enriquecimiento ilícito se castigará con penas de entre 5 y 15 años de prisión (antes eran de entre 3 y 10) y el peculado, que conllevaba condenas de hasta 8 años, recibirá sentencias de hasta 12 años.
Para quien preste su nombre para adquirir bienes con dinero proveniente de la corrupción, se creó el delito de testaferrato, que tendrá una pena de 3 a 6 años de cárcel.
El fiscal general salvadoreño Rodolfo Delgado, quien emitió su opinión ante la Comisión Política del Congreso, sostuvo que con esta ley se reforzarían medidas que den prioridad a la transparencia, la probidad de los funcionarios y el endurecimiento de las penas relacionadas con los delitos de corrupción.
Durante el debate legislativo, el jefe de la bancada del partido oficialista, Christian Guevara, destacó que la persecución penal de los delitos no va a prescribir. Además, señaló que la Asamblea Legislativa “en anteriores legislaturas fue el epicentro de la corrupción”, y que la nueva ley será un “modelo y ejemplo en toda la región”. Les advirtió a los políticos acusados de actos de corrupción que se han asilado en otros países que sus delitos “jamás van a prescribir” y “hasta allá va a llegar el brazo de la ley”.
La reforma incluye nuevos delitos y establece que la acción penal en los casos de enriquecimiento ilícito será independiente y podrá iniciarse sin ningún requisito previo de responsabilidad civil.
Penas más duras
En la misma sesión, el Congreso reformó el Código Penal con el fin de incrementar las penas de prisión para una veintena de delitos, estableciendo hasta 35 años tras las rejas por el delito de homicidio simple, hasta 60 años por homicidio agravado, hasta 20 años por robo, y hasta 30 años por robo agravado.
Las sanciones de prisión más severas anunciadas este viernes serán para los casos de homicidio agravado, que antes recibían condenas de 20 a 30 años y ahora se elevarán hasta los 60, mientras que los de homicidio simple (sin agravantes) pasarán del rango de 15 a 20 años al de 25 a 35. Los delitos de privación de libertad, violación, agresión sexual, hurto o robo también incrementaron sus penas.
La Asamblea Legislativa también hizo una reforma para ampliar la prisión preventiva de un imputado hasta la media pena del delito por el cual es acusado. La prisión preventiva tenía hasta un máximo de dos años y podía prorrogarse por un año más.
Entre las novedades, también se permitirá la “excusa absolutoria”, es decir, se eximiría la pena —una sola vez para una persona— a quien repare integralmente el daño en el delito de hurto.
En la reforma se incluye el delito de “dilaciones procesales”, que tendrá penas de entre cuatro y ocho años de prisión, y que será aplicado tanto a la autoridad pública que retarde o permita el retraso de un proceso judicial indebidamente, así como para quienes en cualquier calidad dentro de un proceso judicial “paralicen el curso ordinario del proceso” con conductas negligentes o litigaciones temerarias que suspendan audiencias o interpongan recursos reiterativos, entre otros.
Bukele bajó a mínimos históricos los homicidios en El Salvador con su ofensiva antipandillas basada en un régimen de excepción que, desde marzo 2022, ya suma unos 83.000 detenidos, de los cuales unos 8000 fueron liberados. Organismos de derechos humanos critican el régimen porque permite arrestos sin orden judicial y denuncian torturas y muertes bajo custodia policial.
Agencias AFP y AP
