La comunidad guaraní Tekoa Arandú, ubicada en Pozo Azul, se movilizó para frenar un apeo ilegal de madera nativa. Gracias al trabajo voluntario del Grupo Rumberos, integrado por guaraníes y guardaparques, se logró detener el desmonte no autorizado por dicha comunidad, tal como establece la Ley 26.160. Durante la intervención, encontraron diez ejemplares de madera nativa talados.

El volteo ilegal de árboles fue detectado hace dos semanas y confirmado mediante el uso de un dron que la comunidad utiliza para vigilar el monte. La alerta surgió cuando escucharon ruidos de maquinaria y encontraron una topadora en la zona. «Nos reunimos y constatamos por imágenes satelitales que, efectivamente, dentro de la propiedad comunitaria se estaba realizando un desmonte», explicó Agustín Pone, técnico guardaparque y miembro del Grupo Rumberos.

«Con el dron y el GPS, utilizando todas las herramientas y conocimientos que posee el grupo, observamos el desmonte y los caminos abiertos para extraer la madera. Fuimos al área, encontramos la topadora y los árboles talados», detalló Agustín sobre el preocupante hallazgo.

En total, se encontraron diez árboles derribados de especies nativas como rabo-ita, guayubira, guatambú y marmelero.

Si bien el área donde se realizaba el apeo es propiedad de la empresa Fechner, se encuentra dentro del relevamiento territorial de la comunidad indígena. «Por eso, la Ley 26.160, la Ley de Bosques Provincial N.º 105 y la Ley Nacional de Bosques Nativos N.º 26.331 establecen que antes de autorizar un plan de aprovechamiento, se debe realizar una consulta libre e informada a las comunidades, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT, al cual Argentina está adherida», explicaron desde Rumberos.

En este caso, la empresa contaba con un plan de manejo autorizado por el Ministerio de Ecología, pero no con la autorización de la comunidad para explotar el recurso.

«La empresa había obtenido el plan de manejo autorizado por Ecología, pero no realizó la consulta previa, libre e informada a la comunidad, como lo establece la Ley 26.160 de relevamiento territorial indígena», afirmaron.

Una vez detectada la situación, se dio aviso a las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio de Ecología y la Policía Ambiental. Estas entidades se presentaron en el lugar el miércoles de la semana pasada para realizar un recorrido y labrar las actas correspondientes.

«Las autoridades de Ecología vinieron con nosotros, se labró un acta en la que se dejó constancia de que no se hizo la consulta previa y se solicitó la suspensión del plan», agregó Agustín. Además, denunciaron que «Ecología nuevamente autorizó un plan de manejo a un privado sin que el ministro ni la empresa respetaran la obligación de consultar a la comunidad, como exige la ley».

Como resultado, el plan de aprovechamiento fue suspendido al confirmarse que los apeos se realizaron dentro del área de relevamiento territorial sin la consulta obligatoria a las comunidades.

El Grupo Rumberos, que no recibe financiamiento externo y se sustenta con aportes propios, logró frenar el desmonte gracias a su trabajo y equipamiento. Es la primera vez que concretan una intervención de este tipo. «Queremos destacar que, sin financiamiento, pero con el equipamiento y las capacitaciones que recibimos, hemos logrado frenar un desmonte en el monte de Pozo Azul», enfatizó Agustín.