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El primer año de gobierno de Javier Milei dejó un vendaval de cambios y consecuencias, pero en un área clave la aguja no se movió: en el índice de percepción de la corrupción que desde hace décadas elabora Transparencia Internacional, la Argentina logró en 2024 el mismo puntaje que el año anterior, 37 puntos sobre 100. Eso dejó al país en el puesto 99 de los 180 medidos por TI; un discreto lugar en la mitad de la tabla.
El CPI (Índice de Percepción de la Corrupción (CPI por sus siglas en inglés) clasifica a los países y territorios según el grado de corrupción que perciben los expertos y los ejecutivos de empresas sobre el sector público. Según explican desde Poder Ciudadano, la organización civil que funciona como capítulo argentino de Transparencia Internación, «es un índice compuesto, una combinación de al menos tres y hasta trece encuestas y evaluaciones de la corrupción, recopiladas por una variedad de instituciones de prestigio.»
Este ránking lo lidera Dinamarca, con 90 puntos y, en segundo lugar, Finlandia con 88 puntos. Los siguen Singapur, Nueva Zelanda, Luxemburgo y Noruega Y los países con peor ubicación son: Sudán del Sur con 8 puntos (puesto 180), Somalía 9 puntos (puesto 179) y Venezuela con 10 puntos (puesto 178).
Argentina se ubica en el puesto 18 de 32 países en Latinoamérica. Los países con mejores puntajes de la región son, Uruguay con 76 puntos (puesto 13 en el ranking global) y Canadá con 75 puntos (puesto 15 en el ránking global) Los países peor percibidos de Latinoamérica en el CPI son: Venezuela con 10 puntos (178 en el ranking) y Nicaragua 14 puntos (172 en el ranking).
La construcción de este ranking mundial busca sortear la dificultad de hallar parámetros objetivos indiscutibles para medir la corrupción, cuando tanto la cultura y las prácticas estatales y corporativas como el accionar de los tribunales que deben juzgar los delitos contra la administración pública exhiben oceánicas diferencias de un país a otro.
«La corrupción generalmente comprende actividades ilegales, que se ocultan deliberadamente y solo salen a la luz a través de escándalos, investigaciones o procesos judiciales. Si bien los investigadores del mundo académico, la sociedad civil y los gobiernos han avanzado en la medición de manifestaciones específicas de corrupción con datos no perceptivos, no existen indicadores que midan los niveles nacionales objetivos de corrupción de manera directa y exhaustiva», explican desde Poder Ciudadano.
Para que esa elaboración sea lo suficientemente completa y pareja, los consultados en todos los países responden acerca de los siguientes temas: soborno, desvío de fondos públicos, prevalencia de funcionarios que utilizan el cargo público para obtener beneficios privados sin afrontar consecuencias, capacidad de los gobiernos para contener la corrupción y aplicar mecanismos de integridad efectivos en el sector público, cantidad de trámites y carga burocrática excesiva que puede aumentar las oportunidades de corrupción, nombramientos meritocráticos versus nepotistas en la función pública, enjuiciamiento penal efectivo de funcionarios corruptos, leyes adecuadas sobre divulgación financiera y prevención de conflictos de intereses para funcionarios públicos, protección legal para denunciantes, periodistas e investigadores cuando denuncian casos de soborno y corrupción, captación del Estado por intereses ajenos al beneficio público, y acceso de la sociedad civil a la información sobre asuntos públicos.
En esa check list, por ejemplo, Argentina podría mostrar un importante avance en la eliminación de trámites y «peajes» burocráticos de la mano de Federico Sturzzeneger, pero también un retroceso en el acceso a la información pública. También podría inclinar la balanza la efectiva aprobación y sanción de la postergada ley de Ficha Limpia.
El ranking mundial del índice de percepción de la Corrupción 2024, que todos los años elabora Transparencia Internacional.
Martín D’Alessandro, presidente de Poder Ciudadano, explica que “La corrupción es un problema endémico para muchos países, y también para la Argentina, un fenómeno que se extiende a toda la política, no a un partido en particular. De la misma manera, se expande en múltiples espacios de la vida empresarial y económica. Es vital que la ciudadanía deje de tolerar comportamientos ilícitos o autoritarios por parte de la política. Solo exigiendo decencia podremos construir un país estable y confiable”.
Pablo Secchi, Director Ejecutivo de Poder, es más especifico: “Argentina se encuentra estancada en materia de lucha contra la corrupción y el índice muestra eso. El gobierno argentino inclusive ha mostrado retrocesos en algunas materias durante el último año, como por ejemplo en el acceso a la información pública y la transparencia que se ha resentido fuertemente desde que asumió el poder Javier Milei. También se generan fuertes dudas en esta materia al observar las candidaturas a la Corte Suprema de Justicia con candidatos con fuerte rechazo por parte de la ciudadanía y la sociedad civil«, dice, en indubitable referencia a la postulación del controvertido juez Ariel Lijo para integrar el máximo tribunal.
La edición 2024 del CPI pone foco en la vinculación entre corrupción y cambio climático: la corrupción es sin dudas un “obstáculo global crítico que detiene la puesta en marcha de acciones climáticas efectivas.” Y entre dichas acciones está la planificación de procesos de transición energética justos y sostenibles.
Esta agenda tiene a la Argentina entre sus protagonistas. Transparencia Internacional alienta una transición energética «equitativa, sostenible, asequible e inclusiva», que no podrá alcanzarse si “existen prácticas de corrupción que atentan contra dichos objetivos, violaciones a los derechos humanos o afectación de las comunidades y el ambiente en donde se desarrollan las actividades; si las operaciones de las empresas y las negociaciones entre el sector público y el sector privado se dan en entornos de poca transparencia y no se rinde cuentas del impacto generado”.
