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Trescientos mil beneficiarios de pensiones por discapacidad terminarán de recibir esta semana las primeras citaciones para la auditoría que lleva adelante el Gobierno sobre la totalidad del padrón de más de un millón de asistencias por invalidez laboral otorgadas que gestiona la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La revisión arrancó la semana pasada con el envío de esas notificaciones a beneficiarios de las provincias de Chaco, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe.
“La primera etapa de este proceso de auditoría comprende el envío de cartas documento en las que se cita a los usuarios a presentarse a un turno asignado con un médico de PAMI para que presenten la documentación requerida y se realicen las entrevistas y controles necesarios para garantizar que todos los beneficiarios accedan al proceso de auditoría y a su correspondiente revisión”, comunicó el Ministerio de Salud de la Nación, del que depende la agencia.
Andis analizará la documentación de cada usuario
Será personal de la Andis el que “analizará la documentación de cada usuario y, finalmente, emitirá los dictámenes y resoluciones determinando quiénes cumplen con los requisitos para continuar percibiendo el beneficio”, continuaron desde Salud tras una reunión, ayer, en esa cartera. Participaron Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Andis, y Carlos Zamparolo, subdirector ejecutivo de PAMI, con Cecilia Loccisano, secretaria de Gestión Administrativa del ministerio.
La semana pasada, en conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial anunció que la Andis estaba trabajando en este relevamiento con la obra social de los jubilados y pensionados a través de un convenio celebrado con Salud. La Nación publicó en noviembre pasado que la auditoría –entonces, en preparación– alcanzaría también a los servicios de salud, educación y transporte, dado que contaban ya con casos concretos en los que instituciones no operaban adecuadamente. Preveían que eso sucediera “en un alto porcentaje” de prestadores contratados.
Se auditaran 1.030.537 pensiones no contributivas por invalidez
En 2024, PAMI inició auditorías para detectar pensiones por invalidez laboral otorgadas irregularmente, buscando eliminar el malgasto y asegurar que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente los necesitan. La nueva auditoría, en colaboración con PAMI, ampliará su alcance a todo el territorio argentino, auditando un total de 1.030.537 pensiones no contributivas, que excluye las ya revisadas en 2024.
En la primera etapa, se enviarán alrededor de 400.000 cartas documento para revisar cada caso. Hasta ahora, ya se han emitido 300.000 citaciones en seis provincias, siendo obligatoria la presentación. La inasistencia puede resultar en la suspensión de la pensión, pero se puede justificar la falta hasta 24 horas antes de la citación enviando la documentación correspondiente por correo electrónico o por Whatsapp al chatbot oficial TINA al número +54 11 3910-1010.
Los criterios establecidos
En el Ministerio de Salud insisten en que, con este relevamiento, apuntan a “darle mayor transparencia al sistema para que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos en la normativa vigente y efectivamente las necesiten”. Refieren, también, que será “un proceso escalonado y progresivo” para hacer “una evaluación minuciosa y asegurar la toma de decisiones fundamentadas y transparentes”.
En los casos que no cumplan con los requisitos exigidos para recibir la pensión, se emitirá un dictamen y la posterior baja del beneficio. Los requisitos para recibir una pensión no contributiva a través de la Andis son:
- Tener incapacidad total y permanente (disminución del 66% o más en la capacidad laboral por la invalidez diagnosticada)
- No percibir jubilación, pensión, retiro o prestación contributiva o no contributiva.
- No trabajar en relación de dependencia, ni estar registrado como autónomo o monotributista del régimen general (se puede ser titular del monotributo social).
- No tener ingresos ni recursos suficientes para la subsistencia (si son menores, se tiene en cuenta el ingreso de madres, padres o tutores) ni tener un familiar o cónyuge con obligación legal de proporcionar alimento o sustento económico.
- Ser argentino nativo o naturalizado y residir en el país (los extranjeros deben acreditar 10 años de residencia continua; si son menores, los padres o los tutores deben haber residido como mínimo tres años sin interrupción).
- No estar detenido o a disposición de la Justicia.
Recientemente, se actualizó la documentación a presentar de la evaluación médica, lo que debe incluir un certificado con el diagnóstico y el grado de incapacidad firmado por un profesional de un centro de salud oficial o la Andis, el resumen de la historia clínica actualizado con los tratamientos realizados y estudios complementarios que respalden el diagnóstico y la incapacidad indicada.
