La discusión sobre la agenda woke tiene su correlato al interior de las empresas. En los últimos 25 años se desarrolló fuertemente el gobierno corporativo, cuyas recomendaciones y obligaciones son dirigidas a los directorios de empresas, principalmente las que cotizan en bolsas.

Crecientemente, fueron siendo obligados a promover bienes como la diversidad al interior de sus empresas, imponiendo cupos para mujeres y minorías postergadas, a imponer maneras de producción cuidadosas del medio ambiente y contribuir con detener el cambio climático o a controlar la conducta social y ambiental de sus proveedores, entre otros.

Todos estos fines son nobles, pero forman parte de los bienes públicos, no privados. Sin embargo, el gobierno corporativo a veces presiona para que sean las empresas las que los garanticen a sus expensas. Una cosa es obligar a una empresa a internalizar costos que no paga, como cuando se ahorra la limpieza de efluentes contaminantes, y otra cosa es imponerle costos para lograr objetivos públicos, no privados.

Los directores de empresa vienen llamando la atención respecto de la pérdida de competitividad económica que esto les impone. El Manifiesto de febrero de 2024 que publicó ecoDa, entidad que nuclea más de 50.000 directores de empresa en veintiún países de la UE y se define como “la voz de los directores europeos”, imploraba por una pausa de cinco años en la generación de nuevas regulaciones, para reducir la carga administrativa de los directores y permitirles enfocarse en su tarea central.

La red global de directores de empresa GNDI, de la que la Argentina forma parte a través de su propia asociación de directores, también es presionada por organizaciones políticas internacionales, como la OCDE, el G20, el Banco Mundial o el Foro de Davos, que buscan forzar agendas públicas entre los directores. Sin embargo, siendo estas asociaciones también entidades privadas, tampoco deben ser obligadas a promover agendas políticas globales con los recursos de sus miembros.

Las altisonantes palabras de parte de líderes políticos mundiales condenando excesos al impulsar estas agendas son bienvenidas. Los cambios que rápidamente generaron en empresas como Google, la que acaba de abandonar sus acciones inclusivas (DEI), demuestran que se trataba de cuestiones estrictamente políticas.

El gran cambio de paradigma acontecido en el gobierno corporativo en los últimos años ha sido la recomendación a los directores de que tengan en cuenta en sus decisiones a todas aquellas personas e intereses (stakeholders) que pueden ser afectados por ellas.

Esta sana perspectiva ha sido frecuentemente llevada al extremo por los reguladores y usada como coartada para exigirles una consideración por lo público sin necesidad de legitimarlo como lo que verdaderamente es: una carga impositiva u obligación legal.

Las empresas son personas privadas colectivas y deben considerar a sus stakeholders del mismo modo en que cualquiera de nosotros, las personas privadas individuales, lo hacemos con nuestros vecinos, amigos o conciudadanos. Entregar recursos propios para perseguir fines públicos, en cambio, debe quedar al arbitrio de cada empresa y su directorio, así como de cada individuo.

Las empresas son los actores centrales de la vida económica del presente. Que sean entidades colectivas a veces muy poderosas no las convierte en un estado. Los negocios deben desarrollarse en libertad y los directores, hacer el trabajo que saben hacer: dirigir empresas y mantenerlas sustentables.

Santiago Gallichio es filósofo, economista y empresario. Presidente del Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública (IGEP). Autor de «La empresa como persona» (Eudeba, 2024)