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El Gobierno nacional instruyó a la Oficina Anticorrupción para que inicie las investigaciones para determinar si hubo o no irregularidades o hechos de corrupción en el escándalo con la criptomoneda $LIBRA. Además, invitó a realizar las denuncias que considere pertinentes ante el Poder Judicial.
La medida fue oficializada este jueves a través del Decreto 114/2025, que fue publicado en el Boletín Oficial. “Instrúyese a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, organismo desconcentrado del MINISTERIO DE JUSTICIA, para que inicie las investigaciones necesarias a efectos de determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción efectuando, en su caso, las pertinentes denuncias ante el Poder Judicial, relacionadas con el criptoactivo denominado “$LIBRA”, destaca el DNU.
Asimismo, el Ejecutivo creó una Unidad de Tareas de Investigación (UTI). La misma estará en la órbita del Ministerio de Justicia y buscará “recabar la información relacionada con el criptoactivo denominado ‘$LIBRA’” y “colaborar de forma rápida y expedita con Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal”.
En el documento firmado por el presidente Milei, se detalla que la UTI tendrá que “requerir información, datos y documentación a todos los funcionarios, órganos y organismos que integran el Sector Público Nacional, en el marco de su objeto”, así como también a “organismos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de estados extranjeros y/u organismos internacionales a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”.
Al mismo tiempo, se especifica en la normativa que “recibir y gestionar, con la asistencia de las áreas competentes, los requerimientos del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal relacionados con el criptoactivo denominado ‘$LIBRA’, y “convocar la participación de los funcionarios y/o expertos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones, recopilar e integrar la información, datos y documentación a efectos de su remisión al órgano del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal competente”.
Por su parte, se indica que tendrá que “denunciar ante el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos relacionados con los hechos relevados”.
En tanto, la medida se señala que la “información, datos y documentación obtenida deberán ser mantenidas adoptando las medidas de seguridad necesarias para garantizar su inalterabilidad y prevenir su revelación o divulgación no autorizada”, aclara el decreto, que indica también que la UTI “no podrá emitir juicios sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder Judicial”.
Por último, en la disposición quedó establecido que el Ministerio de Justicia dictará las normas operativas y complementarias que “resulten necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones previstas en el presente decreto y brindará el apoyo técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de las funciones de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), por lo que su funcionamiento no generará erogación alguna”. Además, se indicó que la UTI “una vez concluida su tarea, se tendrá por disuelta”.
