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CARACAS.- Una mujer detenida en prisión desde hace un año a la que se le ha negado nombrar su propia defensa jurídica, imposibilitada para mover su brazo derecho después de fracturarse el hombro por una caída en su celda, es señalada de preparar un plan de fuga desde el Helicoide, donde permanece incomunicada. Esa mujer se llama Rocío San Miguel, es una activista ciudadana, experta en temas de seguridad y defensa. Lo que se ha solicitado de manera pública y notoria es que se permita realizar la intervención quirúrgica que requiere y, por tanto, se le concedan medidas humanitarias.
El dirigente político Américo De Grazia, detenido desde el 7 de agosto pasado, sufre un progresivo deterioro de su salud sin recibir la atención adecuada.
Freddy Superlano, dirigente de Voluntad Popular, tiene 200 días en “desaparición forzada”. En siete meses ningún organismo público ha dado información sobre su paradero.
Carlos Chancellor, exalcalde del municipio Sifontes del estado Bolívar, de 66 años de edad, preso en el Helicoide desde el 7 de agosto, la tercera vez que es encarcelado, diabético e hipertenso, presenta un muy grave caso de salud por el desarrollo adicional de masa tumoral.
La lista de casos es interminable. En Venezuela hay 1194 presos políticos a la fecha, entre ellos 164 militares, 119 mujeres y 4 adolescentes. Cada uno es una historia de dolor, injusticia y desatención extrema.
Un informe del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), de diciembre de 2024, documentó que en las prisiones venezolanas persiste la violación sistemática de los derechos fundamentales de los presos políticos, tales como derecho a la vida, a una alimentación adecuada, al acceso a agua potable, a la salud y a condiciones dignas de alojamiento e higiene. Las muertes bajo custodia del Estado son la expresión trágica de estas condiciones extremas. Además, la evidencia constatada de torturas físicas y psicológicas, uso del aislamiento prolongado y la negación de contacto con familiares y abogados constituyen actos de denegación del debido proceso.
Por estos hechos, por estas graves violaciones de la Constitución Nacional, aún vigente aunque herida de muerte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos está convocando a la jornada “Ruta por la justicia y la libertad” entre el 24 y 28 de febrero. Consistirá en un recorrido desde el Palacio de Justicia hasta la Fiscalía General para exigir la liberación de los detenidos en razón de su pensamiento político. Los presos de conciencia. Una jornada admirable, legítima, necesaria e impostergable.
