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EL CALAFATE.– “No es cierre, ni vaciamiento, no se transforma, el decreto lo que hará es crear por primera vez la empresa y será una Sociedad Anónima”, aseguró esta noche a LA NACION Carlos Gordillo Arriagada, actual interventor de Yacimiento Carbonífros Río Turbio (YCRT), la empresa ícono del kirchnerismo que se encuentra intervenida desde el año 2002, cuando el presidente Eduardo Duhalde le sacó al empresario Sergio Taselli el control de la empresa privatizada.
El funcionario nacional aseguró que la futura sociedad anónima mantendrá un 51% de las acciones en manos del Estado y el 49% de las acciones en manos privadas. Actualmente la empresa tiene un déficit que va entre los 7000 y 7500 millones de pesos mensuales. “Tenemos el compromiso de que el Estado va a seguir manteniendo los sueldos hasta tanto podamos ordenar el plan productivo y sostener la empresa”, afirmó el inteventor.
Desde 2002, la empresa y sobre todo la comunidad de localidades de la cuenca carbonífera cuya economía de enclave depende de los yacimientos de carbón, navegaron en aguas turbulentas, donde hubo tragedias, marchas multitudinarias, partidas millonarias, déficits idénticos y denuncias de corrupción por el manejo poco transparente de los fondos durante los gobiernos de Nestor y Cristina Kirchner. El anuncio de anoche no tomó por sorpresa ni a gremios, ni a las autoridades provinciales: hace meses que se esperan los detalles de cómo se avanzará en la privatización.
La buena sintonía entre el gobernador Claudio Vidal y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, permitió que el anuncio sea lo menos traumático posible, y el cambio quedó reflejado cuando, en octubre pasado, el interventor designado por el estado nacional fue Gordillo Arriagada, un hombre de Vidal, quien ya había realizado un trabajo de saneamiento en la empresa estatal provincial Servicios Públicos Sociedad del Estado.
Mientras desde el gobierno provincial esperarán unas horas para expresarse sobre el decreto, el interventor dio algunos detalles sobre el presente y futuro de la empresa y aclaró que si bien no participó directamente del decreto –fue la Agencia de Transformación de Empresas Públicas–, aportó información solicitada y propuestas sobre el futuro de la empresa.
“Desde el inicio, el gobernador Vidal le propuso al Jefe de Gabinete generar un plan de reactivación productiva, para poder avanzar en él. Fuimos saneando la empresa desde que asumimos en el cargo para prepararla para lo que se viene”, afirmó, en diálogo telefónico.
Entre los detalles del saneamiento, el funcionario señaló que se avanzó sobre deudas tributarias por 22.000 millones de pesos que había con la ex-AFIP. “Generé un plan de pago, hicimos un primer pago y ahora pagamos cuotas. Solucioné la deuda que dejaron los cuatro interventores anteriores. Pudimos avanzar en acuerdo con la Secretaría de Energía para sanear el CUIT de la empresa”, dijo.
En enero, una subasta realizada a través del Banco Ciudad para lograr colocar en el mercado 30.000 toneladas del carbón había quedado trunca. Gordillo Arriagada dijo que en los últimos días se avanzó con un plan de venta con uno de los dos oferentes que se habían presentado a la subasta. “Lo íbamos a comunicar cuando el carbón esté ya despachado, pero lo cierto es que ya está vendido y próximo a partir, comprado por la empresa Biomass de España. Ya están acopiados en el Puerto de Punta Loyola”, afirmó el interventor.
Sobre el articulado del decreto, Gordillo Arriagada dijo que la nueva estructura jurídica tendrá directores tanto del lado energético como del lado minero, confirmó que el 51% de las acciones deberán ser estatales, pero que podrían ser tanto del Estado nacional, como provincial o municipal. Agregó que habrá novedades en cuanto a las transferencias tanto de bienes de uso como de inmuebles.
“Estamos creando una sociedad anónima desde cero, serán integrados los bienes. Todo adentro, puede haber unidades productivas. Todos los bienes estarán dentro de la SA”, detalló. La empresa cuenta con 2050 empleados activos, luego de que 200 empleados se retiraran o acogieran a la jubilación.
“Con los pasivos tenemos un compromiso: el pago de un complemento para ciertos jubilados que no lleguen el 82% móvil y logramos que los gremios firmen la creación del fondo compensador que se integre con el mismo aporte de los trabajadores”, explicó.
Entre los futuros pasos de la puesta en marcha de la nueva sociedad anónima, la intervención espera poner en marcha al menos un módulo de 120 megawatts de la usina termoeléctrica, para lo cual se estima que necesitarán 30 millones de dólares. “Con un módulo activo, podríamos vender energía y recaudar entre 3 y 4 millones de dólares por mes”, detalló.
Desde la actual intervención aseguran que en los últimos cinco meses de gestión se han reducido el déficit y el personal, y se presentaron proyectos productivos. “No tenemos el presupuesto oficial aprobado, pero en enero hice la previsión entre 7000 y 7500 millones de pesos al mes, y me lo aprobaron, estamos al día y cubrimos todos los sueldos”, aseguró el actual interventor.
