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El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, con competencia electoral, intimó a la presidenta del Partido Justicialista (PJ) Misiones, Myriam Comparín, a entregar, a más tardar este viernes, la sede partidaria y toda la documentación a los interventores designados por la conducción nacional, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, bajo apercibimiento de utilizar la fuerza pública.
La resolución judicial llega después de que, el martes, una avanzada de la intervención, encabezada por los apoderados Roberto Fernández Meire y Roberto Albornoz, fueran impedidos de ingresar al edificio de la avenida López y Planes, que estaba bloqueado por un grupo de simpatizantes del sector de Comparín y el diputado nacional de Innovación Federal, Alberto Arrúa.
Fernández Meire y Albornoz se habían presentado en la sede partidaria con la resolución de la jueza federal María Servini de Cubría, que validaba la decisión del Consejo Nacional del PJ, presidido por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de desplazar a la conducción provincial e intervenir el partido en el distrito.
Sin embargo, luego de varias horas de idas y venidas, los apoderados de los interventores, que estaban escoltados por militantes de Convergencia Justicialista y de grupos afines a la ex diputada nacional Cristina Brítez, debieron retirarse del edificio.
A la mañana siguiente, Arrieta y Rodríguez adelantaron a los medios que solicitarían la intervención judicial para hacer cumplir el mandato del Consejo Nacional del partido, que data de fines de febrero, cuando CFK dispuso también la intervención del PJ salteño.
Cerrojo
“Se encontraron con un rechazo rotundo. No pudieron ingresar. La militancia les cerró la puerta y les dejó en claro que esta tierra no se rinde ante imposiciones foráneas”, relató, en una columna de opinión en Canal 12, Martín Kornuta, apoderado de Comparín y Arrúa, que estuvo el martes en la sede del PJ Misiones y fue parte de la guardia pretoriana que se abroqueló en la puerta y no dejó pasar a Fernández Meire y Albornoz.
Kornuta, comentó, en la ocasión, a La Voz de Misiones que el diputado Arrúa telecomandó desde el Congreso el operativo cerrojo local.
La disposición de la Justicia Federal de Posadas, menciona solo a Comparín, y le intima a entregar a las autoridades designadas por CFK, las llaves de la sede y toda la documentación partidaria, entre el libro inventario y balance, libro diario, libro caja, libro de sueldos, nombres de usuarios, claves de email y redes sociales institucionales; y la nómina de las causas judiciales en las que el partido fuese parte.
