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El escritor Franz Kafka se haría un festín con la burocracia, dificultades, sellos, impuestos y demás barreras al comercio que tiene la Argentina. Se sabe que son muchas, pero esta vez el gobierno de Donald Trump, a través de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), se tomó el trabajo de enumerar cada una, brindando un detalle largo, sostenido y denso que explica cuáles son las dificultades por las que atraviesan sus exportaciones a la hora de ingresar, o no, a la Argentina.
No es solo el tema de los aranceles, que no son el escollo más importante. Los aranceles recíprocos entre ambos países, en promedio, eran (antes del 10% adicional impuesto por Trump) de aproximadamente 6,4% para las importaciones desde Estados Unidos, mientras que la contraparte estadounidense aplica una tarifa promedio del 1,2%.
Tampoco había problemas con el déficit, que Trump les critica a muchas naciones. La balanza comercial entre la Argentina y Estados Unidos tuvo históricamente un saldo negativo. Entre 2015 y 2023, el déficit anual promedio para la Argentina fue de aproximadamente US$2700 millones.
Entonces, ¿cuál es el problema? Muchas otras barreras. “Se abre una instancia de diálogo con la Argentina para reducir el arancel recíproco o establecer un esquema de arancel cero, siempre que se implementen medidas que eliminen los obstáculos y barreras paraarancelarias señaladas en el informe de la USTR. Estos aspectos ya forman parte de la agenda de trabajo bilateral en curso», comunica la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) en base al informe de la entidad gubernamental.
A la Argentina se le aplicó un arancel básico con una alícuota general del 10% a partir del 5 de abril, “sobre el contenido no estadounidense del bien, siempre que al menos el 20% de su valor sea originario de EE. UU.”, aclara la cámara.
La maraña de los impuestos al comercio exterior
Según detalla la oficina estadounidense y refleja Amcham en su comunicado, hay una gran cantidad de escollos que coloca la Argentina al ingreso de productos. Son “diversos impuestos, anticipos y exenciones fiscales sobre bienes importados”, sostiene. Hace referencia a la suba al 3% de la la tasa del impuesto estadístico aplicable a las importaciones para consumo, aunque hay algunas exenciones.
Además, los procesos de recaudación tributaria imponen pagos anticipados de impuestos a las importaciones. Al ingresar bienes, se retiene un porcentaje del valor importado como anticipo del impuesto a las ganancias.
También, el importador debe abonar por adelantado el impuesto al valor agregado (IVA), que varía entre el 10% y el 20%, salvo en el caso de bienes de uso personal. Se aplica también una retención del impuesto a las ganancias de entre el 6% y el 11% del valor de los bienes.
No termina acá. Las importaciones de bienes de consumo pagan un IVA adicional del 20%, y las de bienes de capital, un 10% más.
“Aunque algunos de estos tributos pueden compensarse posteriormente, el proceso suele ser lento. En el contexto inflacionario de la Argentina, este esquema de pago anticipado afecta de forma desproporcionada a las importaciones desde la perspectiva financiera de las empresas o económicas, si no pueden deducir los impuestos anticipados oportunamente”, se queja el organismo.
Sobre todo esto, agrega que “desde 2022, el Gobierno exige mayor documentación para solicitar el reintegro del IVA tras una exportación, lo que genera demoras, eleva los costos y aumenta la incertidumbre en las operaciones comerciales”.
Importaciones prohibidas al mercado del usado
Siguen las barreras, que detalla AmCham en base al documento oficial de Estados Unidos sobre la Argentina.
“En virtud del Pacto Automotor Bilateral con Brasil, también se prohíbe la importación de maquinaria agrícola autopropulsada usada, salvo que se destine a su reconstrucción en el país. Además, se prohíbe la importación y comercialización de neumáticos usados o recauchutados (aunque en algunos casos se permiten neumáticos remoldados); la mayoría de los equipos médicos usados o reacondicionados, incluidos los de diagnóstico por imágenes; y autopartes usadas».
En general, se restringe o prohíbe el ingreso de productos remanufacturados, como autopartes, equipos de movimiento de tierras, dispositivos médicos y productos de tecnologías de la información y la comunicación.
En el caso de los productos médicos remanufacturados, las restricciones se agravan con el requisito de que el importador registrado sea el usuario final (hospital, médico o clínica), quienes en la mayoría de los casos no están registrados como importadores ni familiarizados con dicho proceso.
Restricciones a la importación
La legislación argentina establece condiciones estrictas para la importación de bienes de capital usados cuya importación no esté prohibida:
1- Solo pueden ser importados por el usuario final.
2- El reacondicionamiento en el exterior solo está permitido si lo realiza el fabricante original; no se aceptan peritajes técnicos de terceros.
3- El reacondicionamiento local debe contar con un peritaje técnico realizado exclusivamente por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), salvo en el caso de artículos aeronáuticos.
4- No se pueden transferir (vender ni donar) los bienes importados durante un período de cuatro años.
5- Salvo algunas excepciones contempladas por el Decreto 406/2019, la Aduana exige la presentación de un “Certificado de Importación de Bienes de Capital Usados” al momento del ingreso.
Desde finales de 2022, conforme a la Resolución General 5272/2022, algunas compras están sujetas además a un anticipo del impuesto sobre los bienes personales equivalente al 30% del precio del bien o servicio.
La Resolución 909/1994 impone restricciones a la importación de determinados bienes usados para consumo, como piezas y componentes que no se destinan a la producción de otros bienes. Esta lista incluye equipos electrónicos y de grabación, vehículos ferroviarios y sus partes, equipos ópticos, de fotografía y filmación; tractores; ómnibus; aviones y barcos.
Acceso al mercado cambiario para importaciones
Pese a algunas mejoras, persisten limitaciones para que los importadores accedan al mercado cambiario y abonen facturas por bienes y servicios. Desde el 1 de agosto de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo los plazos de pago de importaciones de 120 días (en cuatro cuotas del 25%) a 60 días (en dos cuotas). Posteriormente, desde el 21 de octubre de 2024, el plazo se acortó a 30 días desde la fecha de arribo registrada del envío.
“Estas restricciones obligan a negociaciones entre empresas (proveedor-cliente) o al acceso a financiamiento externo por parte del importador, encareciendo las operaciones”, aclara el documento.
En otro orden de cosas, la Argentina exige que “las facturas comerciales y listas de empaque deben ser legalizadas por el consulado argentino en el país exportador, previo visado por parte de una Cámara de Comercio reconocida. Además, los certificados de origen deben ser autenticados por una Embajada o Consulado argentino o llevar el sello de la Cámara de Comercio de EE. UU”, continúa.
Barreras sanitarias y fitosanitarias
El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-APHIS) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (Senasa) siguen negociando accesos de mercado para varios productos agrícolas, como uvas de mesa, arándanos frescos, cítricos dulces, cebollas, semillas de soja y semillas de maíz, entre otros.
La Argentina impone exigencias sanitarias que dificultan el ingreso de diversos productos de origen animal, incluidos alimentos para mascotas. Las empresas enfrentan frecuentes demoras en la emisión de permisos, pedidos de información adicional y exigencias documentales redundantes o arbitrarias.
“Argentina exige certificados sanitarios y fitosanitarios originales, y firmados físicamente para autorizar el ingreso de productos, lo que ha generado contratiempos en envíos desde Estados Unidos, en particular durante la pandemia, por la imposibilidad de obtenerlos.
Propiedad intelectual
Se trata de una gran batalla que lleva años. La Argentina forma parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y ha ratificado los principales tratados internacionales en la materia, aunque con limitaciones en su implementación.
Estados Unidos se queja de “persistentes deficiencias en materia de protección y aplicación de derechos de propiedad intelectual (DPI), especialmente en los sectores farmacéutico y de software”.
Hace referencia a la insuficiente asignación de recursos a las oficinas de propiedad intelectual. “Los productos falsificados y pirateados siguen estando ampliamente disponibles”, afirma, con el siguiente ejemplo: “La Salada” en Buenos Aires, uno de los mayores mercados negros de productos falsificados y pirateados en Argentina, continúa vendiendo productos falsificados en línea.
Como conclusión, Fernando Furci, presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina comenta que “el Gobierno comenzó un camino de reparación del comercio exterior con medidas como la eliminación de las licencias automáticas y no automáticas, más otras mejoras y flexibilizaciones que dan previsibilidad al sector como nunca tuvimos en los últimos 20 años”.
“Hay un avance importante en materia de desburocratización, aunque falta mucho por delante. Hay que seguir revisando aranceles, la estructura impositiva y el costo de los créditos fiscales, como también los costos de la logística, ya que tenemos los puertos más caros de la región y hay un déficit también de infraestructura terrestre. Pero, insisto, no hay que perder el foco de donde venimos”, sostiene.
