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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) accedió a datos detallados, desde inicios de 2023 hasta la actualidad, sobre personas sancionadas por conducir sin licencia en Houston, Texas. La información, entregada por los tribunales municipales a pedido de la agencia federal, incluye: nombres, fechas de nacimiento, domicilios y otras referencias.
Qué información recibió ICE sobre los conductores sin licencia de Houston
Según documentos obtenidos mediante una solicitud pública por parte de Houston Chronicle, ICE solicitó de forma oficial a los tribunales municipales de la ciudad un listado completo de personas multadas por manejar sin licencia entre el 1º de enero de 2023 y el 28 de febrero de 2025.
El requerimiento incluía datos como:
- Nombre completo del conductor
- Fecha de nacimiento
- Dirección residencial
- Marca, modelo y matrícula del vehículo
Un vocero del tribunal le confirmó al medio local que los archivos fueron entregados a la agencia federal.
Posible uso de los datos en operativos de deportación
La preocupación principal es que ICE utilice esta información como base para identificar a personas indocumentadas. En Texas, aquellos en situación irregular no califican para obtener una licencia de conducir, lo que convierte la infracción en un indicador indirecto de su estatus migratorio.
Zenobia Lai, directora ejecutiva de Houston Immigration Legal Services Collaborative, expresó al medio estadounidense que era la primera vez que tenía conocimiento de este tipo de solicitud por parte de ICE. Según explicó, los agentes podrían usar la base de datos para localizar a personas que ya figuran en sus registros o iniciar nuevas investigaciones.
No obstante, Lai advirtió que conducir sin licencia no siempre implica que una persona esté en situación migratoria irregular. Ciudadanos estadounidenses o residentes legales también pueden ser sancionados por no portar este documento por distintas razones, como suspensiones administrativas o vencimientos.
Acceso a bases de datos y cooperación con agencias locales
ICE trabaja habitualmente con agencias locales a través de convenios, grupos de trabajo y acceso compartido a bases de datos. Las fuerzas del orden pueden consultar registros del National Crime Information Center, y otras plataformas regionales utilizadas por departamentos en el sureste de Texas.
Las agencias federales también colaboran con la policía local mediante la transferencia de personas arrestadas por delitos comunes. En esos casos, las huellas dactilares se comparan con bases de datos migratorias, lo que puede activar órdenes de detención si se detectan irregularidades.
¿Cómo localiza ICE a los migrantes?
Según un informe de News Nation, ICE emplea distintos métodos para ubicar a personas consideradas “removibles” del país. Entre ellos:
- Consultas de bases de datos públicas y privadas: incluyen registros de vehículos, servicios públicos, antecedentes judiciales y otras fuentes de información personal.
- Transferencias desde cárceles locales: cuando una persona es detenida por un delito menor o mayor, sus datos biométricos se comparan con archivos federales. Si se detecta un estatus migratorio irregular, la agencia puede emitir una orden de retención por 48 horas.
- Operativos en campo: los agentes también realizan visitas a domicilios, espacios públicos y centros de trabajo, guiados por datos obtenidos previamente.
El uso masivo de información para identificar a posibles migrantes sin estatus regular también conlleva riesgos de errores. Personas con ciudadanía o residencia legal podrían quedar bajo sospecha simplemente por haber sido sancionadas en el pasado.
Lai subrayó que existen antecedentes recientes de ciudadanos estadounidenses deportados erróneamente por fallas en los sistemas de verificación. También recordó que errores en bases de datos pueden derivar en detenciones injustificadas y separación familiar.
La solicitud de ICE a los tribunales municipales de Houston para obtener datos sobre conductores sin licencia abre una nueva etapa en la colaboración entre agencias locales y federales en materia migratoria. Aunque técnicamente legal, la estrategia genera controversia por su posible uso discriminatorio y el impacto que puede tener en comunidades vulnerables.
