En un movimiento significativo, el ministro de Economía, Luis Caputo, derogó recientemente la Resolución 152/2021 del Ministerio de Agricultura, que representaba un aval a una decisión del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), cuya entidad había establecido límites a las nuevas plantaciones de yerba mate en Misiones y Corrientes. Esta decisión pone fin a una normativa que limitaba el crecimiento de los yerbales a solo 5 hectáreas por productor y año. Se trata de la segunda gran desregulación que realiza el gobierno de Javier Milei en las políticas dictadas por el Inym.

La Resolución 170/2021 del Instituto Nacional de la Yerba Mate, aprobada en junio de 2021, había sido impulsada por el gobierno de Misiones y los pequeños productores, con el objetivo de evitar una sobreoferta en el mercado que perjudicara los precios para los productores. La medida que es ahora derogada por Caputo rige desde enero de 2022 y consistía en aplicar una limitación para nuevas plantaciones de yerba mate. En ese momento, se argumentó que la decisión venía siendo reclamada por los productores para asegurar un precio estable y que fue tomada para preservar la estabilidad de precios de la materia prima.

Sin embargo, esta política fue resistida por el gobierno de Corrientes y los grandes molinos yerbateros, quienes argumentaban que tales restricciones afectarían negativamente la competitividad del sector.

La medida original, diseñada para frenar el crecimiento de la producción de yerba mate en manos de grandes empresas y evitar una sobreoferta que perjudicara los precios de los productores, generó un intenso debate que incluso llegó a los tribunales. Sin embargo, con la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de derogar la Resolución 152 del 5 de agosto de 2021 del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se pone fin a cualquier posibilidad de limitar las plantaciones de yerba mate. Esta resolución, que ahora se deroga, había sido un intento por equilibrar el mercado y proteger a los pequeños productores, pero su eliminación refleja un cambio hacia una mayor desregulación del sector yerbatero.