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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) declaró inválida la sentencia a 10 años de prisión emitida en 2023 contra un docente acusado de abusos perpetrados en perjuicio de una hijastra menor de edad en Jardín América y ordenó que el Tribunal Penal Uno de Posadas dicte un nuevo fallo atendiendo a las observaciones efectuadas por los camaristas del máximo órgano judicial de la provincia.
En su resolución, firmada el 17 de marzo pasado, el STJ repasa los argumentos esgrimidos por la defensa del acusado en un recurso de casación presentado días después de la sentencia emitida el 23 de octubre de 2023 y entre los considerandos finales resuelve hacer lugar parcialmente al planteo.
En consecuencia, decide devolver todas las actuaciones del juicio llevado adelante al tribunal de origen para que se subsanen las observaciones que tornaron inválida a la sentencia y que conforme a ello se dicte un nuevo veredicto.
El primer voto de la resolución correspondió a la camarista María Laura Niveyro y tuvo el acompañamiento pleno de otros siete jueces.
En el dictamen, Niveyro repasa que la defensa del imputado, identificado como Ángel Norberto Velázquez, cuestiona la sentencia por cinco agravios puntuales, entre los cuales apunta “indeterminación e impresición del hecho” endilgado y califica el fallo como “arbitrario” al considerar que el tribunal no mencionó ni analizó la declaración indagatoria vertida por el imputado durante el proceso oral.
Al revisar y analizar las actuaciones del juicio, la camarista consideró válido el reclamo y entendió que ello se sostiene en la “no valoración de la indagatoria” por parte del tribunal presidido por el juez Gustavo Bernie, que además redactó los fundamentos del fallo atacado.
Grave y arbitrario
“Entiendo que la circunstancia de haber afirmado que el imputado no declaró, cuando en realidad sí lo hizo, justifica descalificar la pieza sentencial como un acto jurisdiccional válido, por ser grave y arbitrario y atentar contra las garantías del debido proceso”, esgrimió al respecto Niveyro.
Y desarrolló: “La declaración indagatoria es para el magistrado un medio de conocimiento y para el acusado es el medio de defensa material por excelencia garantizado constitucionalmente tanto por presunción de inocencia, por el derecho de defensa, por el derecho al debido proceso y por el derecho a la tutela judicial efectiva con que cuentan los sometidos a procesos penales”.
En consecuencia, la magistrada consideró que la cuestión “merece y debe ser subsanado por esta instancia de control, más allá de la naturaleza, carácter, utilidad, relevancia y/o pertinencia que en si le dé el tribunal a la declaración o a los términos de la confesión del imputado”.
De esta manera, resolvió hacer lugar parcialmente al recurso defensivo y devolver el expediente a origen para que el mismo tribunal vuelva a dictaminar un nuevo fallo enmendando el equívoco plasmado en la sentencia.
Mientras tanto, el imputado continúa detenido en la Unidad Penal VII de Puerto Rico, con prisión preventiva hace más de cinco años, lo cual también es motivo de reclamo tanto por su defensa como por su familia.
Denuncia, juicio y defensa
La causa en cuestión se originó tras una denuncia radicada por la hijastra de Velázquez en 2018, cuando afirmó que el hombre abusó de ella en reiteradas oportunidades ocurridas entre 2008 y 2011, cuando ella tenía entre 7 y 11 años de edad.
El docente, que además tiene un hermano acusado por el mismo delito, quedó detenido en 2020 y desde ese momento enfrenta a la Justicia, aunque él se declara inocente.
Así lo hizo también el juicio desarrollado en 2023, instancia en la que negó los cargos y consideró que la causa se trata de una falsa denuncia influenciada por su ex pareja y madre de la denunciante.
En la sentencia dictada ese año, el TP Uno de Posadas declaró a Velázquez penalmente responsable por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por ser cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la convivencia preexistencia con la misma, bajo la modalidad de delito continuado” y lo condenó a una pena de 10 años de prisión.
La familia de Velázquez también sostiene su inocencia y arremete: “Las falsas denuncias provocan daño, dolor e impotencia. Atraviesan transversalmente no solo al denunciado, sino a toda su familia, amigos y entorno”.
“Pedimos justicia y libertad para Ángel. Van a ser cinco años que le robaron la vida”, expresó Marisa, familiar directo del acusado, quien en las próximas horas incluso participará en Buenos Aires de un encuentro con autoridades del gobierno nacional para trabajar en proyectos que penen las falsas denuncias.
