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En la comunidad mbya guaraní Pindo Jú, ubicada en la colonia Caá Guazú («Selva grande») del Municipio de Santa María, departamento de Concepción de la Sierra, quedan sólamente entre 10 y 12 familias. La mayoría emigró por las carencias que no se resuelven: falta de viviendas en condiciones; de agua, luz; sin camino de acceso para ingresar a la aldea ni herramientas para producir, etc. Es decir, derechos fundamentales que reclaman porque «es una comunidad con dignidad que no se rinde».
Así lo expresó el dirigente Martín Sereno, candidato a diputado por el partido Tierra, Techo y Trabajo que estuvo en el lugar. Para llegar es necesario atravesar cinco tranqueras de campos privados al no existir un camino directo.
«Las viviendas están construidas con cañas, plásticos y cartones y apenas resisten el viento, la lluvia o el frío. Cuentan con el aula satélite 204, pero sin energía ni internet. Es un intento desesperado por sostener la educación en medio del abandono», afirmó Sereno.
La comunidad quiere producir y crecer, pero el tractor de la Municipalidad a cargo del intendente José Zadovek (FR), que «debe estar al servicio de su pueblo, jamás llegó hasta ahí. Sólo sienten el silencio, la indiferencia, el abandono. De esa manera no se honra el mes de los Pueblos Indígenas que estamos atravesando», cuestionó el dirigente de TTT.
Sereno destacó que «nuestros gobernantes deben entender que no se puede hablar de justicia social mientras se invisibiliza a las comunidades originarias. Pindo Jú necesita soluciones urgentes. Creemos que una vida digna no puede ser un privilegio».
«Necesitamos reconocimiento de nuestras tierras»
El cacique de la comunidad, Andrés Ramírez, recordó que a más de 40 años de estar asentados en el lugar, se sienten abandonados por la mano del Estado municipal y provincial. Aún no les entregaron el título comunitario de las tierras que habitan, y con la derogación de la Ley 26.160 por el gobierno de Milei, esa decisión parece más difícil.
«No hay un camino de acceso directo, y para llegar hay que pasar por varias tranqueras privadas, y tampoco tenemos servicios básicos como agua y luz. Nuestras viviendas son muy pobres y no podemos plantar ni producir sin el respaldo del Ministerio de Agricultura Familiar», reclamó.
Los guaraníes de esa aldea dicen sentirse solos, «el gobierno no nos ve. Tenemos personería jurídica desde hace 9 años porque después de muchos trámites que hicimos fuimos reconocidos como comunidad registrada», manifestó.
Actualmente en Pindo Jú viven unas 12 familias. «Éramos más» -recuerda el cacique- pero al no tener cubiertas las mínimas necesidades, muchos decidieron irse. Estamos reclamando sobre todo mejores viviendas, la luz y el agua porque no es bueno manejamos solo con la de la vertiente».
Ramírez agradece que en la comunidad haya una escuelita, «el pastor Luis Barboza donó para nuestros niños y niñas. Antes, la gurisada tenía que caminar más de siete kilómetros hasta Caá Guazú. Pero en el local también falta luz y agua y haría falta un comedor para que la gurisada coma en la escuelita», solicitó.
Viviendas que literalmente se caen a pedazos
Ricardo, otro aborigen de Pindó Jú, perdió su casa en una tormenta y sigue viviendo en la precariedad de lo que queda. Igual que sus hermanos, sostiene que desde que asumió, el intendente José Zadovek no se acercó a conocer sus necesidades.
«Sabemos que tenemos derechos como cualquier habitante de Misiones, pero sólo queda ayudarnos entre nosotros. Yo quisiera plantar verduras, alguna mandioca o frutas para comer con mis hijos; pero no tenemos ayuda», reiteró.
Hace dos años «cayó mi casa -mi esposa murió antes de que ocurriera esa desgracia- y nunca apareció ningún funcionario para darnos una mano y colaborar para levantar cuatro paredes y un techo, no pedimos mucho. Es una vergüenza los dirigentes que tenemos», lamentó Ricardo, muy compungido. (Prensa TTT)
