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Motosierra a fondo, con fusiones y eliminación de organismos públicos nacionales en cantidad, es el plan que el ministro de Transformación y Desregulación, Federico Sturzenegger, ya tiene listo para este año. Una aproximación a los efectos del operativo revela que con ese método se barrieron 42.000 puestos de trabajo “superpuestos o prescindibles” desde que asumió el presidente Javier Milei, lo cual visto desde las cuentas de Sturzenegger reportó un ahorro fiscal cercano a los US$ 42.000 millones.
De la misma cocina, durante 2024 el gasto en inversión pública ejecutada sufrió un saque del 75% comparado con el de 2023. Del primer trimestre de 2025, tenemos ya un recorte del 53% real, descontada la inflación, en los subsidios energéticos (electricidad y gas) y otros del 44,5% en transporte automotor de pasajeros y del 16,4% en transporte ferroviario.
Una cara de esa moneda dice que la obra pública está poco menos que paralizada, incluida aquella considerada básica o de mantenimiento. En la contracara, también áspera de los subsidios energéticos, resuenan aumentos del 156,9% para las tarifas del GBA y del 269,4% en las de la Patagonia. Los incrementos en los boletos del transporte de pasajeros registrados por el INDEC van, según las zonas, del 60,5% al 137,8%.
Mezcla de subas salariales por debajo de la inflación y reestructuraciones, la lista armada en base a datos oficiales sigue con una poda del 9,3% real en los gastos de personal. En programas sociales, como los llamados planes Alimentar y Trabajar, el recorte alcanza al 25,3% y trepa al 51,9% en las transferencias del Tesoro Nacional para el funcionamiento de hospitales públicos.
Un caso si se quiere fuera de contexto o una muestra del mismo apretón fiscal es la llamada deuda flotante que el Estado nacional acumuló durante el primer trimestre de 2025: casi 1,9 billones de pesos por gastos realizados pero aún impagos. Entran allí, sobre todo, bienes y servicios y algunos salarios atrasados.
Y uno más, solo que ya es bien de contexto y hasta del interior del poder mileista, salta en el presupuesto que para 2025 se le asignó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. A cargo de los planes sociales más sensibles y en algún sentido de mayor impacto político, Pettovello maneja una partida de $ 50.000 millones que supera en más de seis veces a los $ 7.500 millones que le tocaron al ministro de Economía, Luis Caputo.
El detalle de la motosierra que Javier Milei le regaló a Elon Musk. Foto Presidencia
Para que se entiendan mejor las diferencias, en el primer trimestre la ministra ya usó $ 15.800 millones o el 31% del presupuesto. Puesto de otra manera, eso representa el triple del gasto anual de $ 5.300 millones que se le destinó al Ministerio de Salud, se supone que con la venia de Javier Milei y según un ordenamiento de prioridades también validado por Milei.
Como cuadra en un ajustador duro, ortodoxo y aplicado, Sturzenegger sólo habla de los beneficios que generó la proeza fiscal de Milei del 2024, nunca de los costos. Esto es, de un guadañazo equivalente a 5 puntos porcentuales del PBI que el Presidente le pegó al gasto presupuestario en su primer año de gestión: todo déficit que a los empujones devino en equilibrio. Un dato pone en plata fuerte la dimensión del emprendimiento: implicó entre US$ 30.000 y US$ 40.000 millones.
En palabras del gran desregulador, todo obra de la motosierra que así “permitió sacar a 10 millones de personas de la pobreza”. Casi calcado, Milei bate el mismo parche.
Hay aquí, entre el mar de números, un intento aunque no declarado de equilibrar los réditos del ajuste en las cuentas públicas con el costo que ese mismo ajuste implica para la gente y el impacto que desparrama sobre los índices inflacionarios y la imagen política del Gobierno.
Mucho de eso mismo aparece, todo el tiempo y de las más diversas formas, en la que resulta, finalmente, la gran apuesta en marcha del mileismo.
Ya claramente perfilada, la estrategia consiste en llegar a las elecciones legislativas del 26 de octubre con la inflación mensual en la zona del 1%, un registro impresionante para un país que sólo tiene dos antecedentes que se le aproximan en los 87 meses acumulados desde enero de 2017. Son el 1,2% de junio de ese año y el 1,4% de mayo también del 2017.
Federico Sturzenegger con Kristalina Georgieva, jefa del FMI, con un pin de motosierra.
La otra pata de la apuesta pasa por mantener el precio del dólar bajo control, o sea, jugar con un dato “vendedor” que sirva a la vez para contener presiones inflacionarias.
Un problema, bien visible, es el ancho de la banda cambiaria en que se mueve la moneda norteamericana: según qué puntas (cotizaciones) se elijan, llega al 40% o se estira hasta el 60%. Un espacio así de ancho significa volatilidad del dólar y más que eso: riesgos de inestabilidad con probables efectos inflacionarios en medio de la campaña electoral.
Efecto de la cercanía a los Estados Unidos de Donald Trump, el gobierno libertario arrancó con un paquete grande de dólares bajo el brazo: alrededor de US$ 20.600 millones disponibles y pensados para enfrentar presiones cambiarias. Metido entre los aportes del Banco Mundial y del BID, descuellan los US$ 15.000 millones del Fondo Monetario que en los hechos respaldan toda la movida de Milei.
Esos 15.000 millones son parte en realidad de un préstamo de US$ 20.000 millones y refuerzan el carácter de primer acreedor de la Argentina que ya tenía el FMI. Estamos hablando obviamente de endeudamiento y más precisamente de obligaciones que se agregan a los US$ 253.000 millones que ya había anotados en marzo.
Entre los compromisos asumidos ante el Fondo, uno habla justamente de la deuda y funciona semejante a una garantía de pago. Son las metas de acumulación de reservas, empezando por los US$ 5.000 que el Gobierno debe reunir en estos meses.
