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¿Cómo explicamos al mundo que en la Argentina personas condenadas por corrupción pueden ocupar cargos legislativos? ¿Cómo convencemos a empresarios, ya reticentes a invertir, sí las reglas del juego las dictan corruptos doblemente condenados?
La caída del proyecto de ley ficha limpia en el Senado no es solo un revés político: es también una nueva mancha en la reputación internacional de la Argentina. Es un retroceso que debilita el sistema democrático y erosiona la confianza del mundo en nosotros y en nuestra voluntad de cambio.
Y no se trata sólo de ficha limpia. La solidez de las instituciones democráticas, el respeto al estado de derecho y el compromiso con la transparencia son pilares fundamentales para generar estabilidad y confianza en un país. Lo mismo ocurre con la defensa de las libertades individuales, como la libertad de expresión y de prensa. Cuando estos principios se ven amenazados, la imagen externa de un país se resiente, impactando directamente en las decisiones de inversión extranjera y local.
En este contexto, iniciativas como ficha limpia, que buscaba impedir que condenados por corrupción en segunda instancia accedan a cargos electivos, son mucho más que una reforma legislativa. Su aprobación hubiese sido una señal clara de la voluntad de un país por construir un futuro institucional íntegro. Lo mismo aplica a la independencia del Poder Judicial, la transparencia en la designación de los miembros de la Corte Suprema, la estructuración de licitaciones estratégicas como la Hidrovía, o el uso responsable de herramientas como la Unidad de Información Financiera (UIF), entre otras. Cada una de estas variables refleja el grado de previsibilidad y seriedad de un Estado.
Sin embargo, cuando estas decisiones carecen de consenso o están marcadas por intereses particulares, el mensaje que enviamos al mundo es inequívoco: la incertidumbre prevalece sobre la confianza. La derrota de ficha limpia no es un hecho aislado; es un síntoma de una Argentina que aún lucha por romper con los vicios del pasado.
Hay un larguísimo camino por delante. Mientras no logremos alinear nuestras prácticas con los estándares de transparencia y ética que el mundo espera, seguiremos pagando el costo. El costo de una credibilidad internacional debilitada, alejando inversiones y postergando el desarrollo que tanto necesitamos.
Secretario de Relaciones Internacionales del Pro
