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El debate por los recursos para el funcionamiento del nuevo sistema acusatorio que arrancará el 11 de agosto en los tribunales federales porteños se trasladó de Comodoro Py al Consejo de la Magistratura.
En contra de las advertencias lanzadas por los fiscales, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, dijo que “los recursos están”, al igual que la previsión presupuestaria. También se quejó de que le abran una causa penal al ministro Mariano Cúneo Libarona por este tema.
En tanto, la Cámara Federal de Casación Penal, que coordinará institucionalmente el sistema procesal federal en Comodoro Py 2002 confirmó hoy los tres colegios de jueces que intervendrán en todos los casos.
En esa acordada pidió al ministro de Justicia una «previsión responsable de recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos» que aseguren “las condiciones necesarias y suficientes para la operatividad del sistema y el normal funcionamiento de la justicia“.
Dijeron los camaristas que ellos están relevando el edificio para disponer dónde va a funcionar cada cosa. Casi en un tiro por elevación a la Cámara Federal, que quería disponer de los espacios que ocupa el fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe.
La Casación dispuso la creación de un Colegio de jueces de Garantías (integrado por los jueces federales de primera instancia), un Colegio de jueces de Revisión (integrado por los camaristas de la Cámara Federal) y un Colegio de jueces de Juicio y Ejecución (integrado por los jueces de los tribunales orales federales).
Así, cuando un fiscal plantee un caso, se designará a un juez de garantías que lo resuelva oralmente, en una audiencia con la defensa. Si hay un incidente lo resolverá un juez del colegio de revisión, y cuando concluya la investigación se designará a un tribunal de juicio para el proceso oral y la ejecución de sentencia.
Mientras avanza la implementación del sistema, el debate sobre los recursos se trasladó al Consejo de la Magistratura. Allí, Amerio, que es el representante del Poder Ejecutivo en el organismo que se encarga de nombrar y destituir a los jueces, se cruzó con el diputado kirchnerista y consejero Rodolfo Tailhade.
Tailhade le advirtió que los consejeros se estaban enterando por los diarios de lo que sucedía puertas adentro de Comodoro Py y le pidió a Amerio un informe sobre la implementación del sistema acusatorio.
Dijo que en los diarios se habla del desalojo de oficinas y de “sectores del Poder Judicial que buscan mantener las cosas cómo están”. También, que por esa vía se enteró de la causa que se abrió contra el ministro Cúneo Libarona -fue denunciado por el fiscal de Mar del Plata Eduardo Pettigiani- y que el subsecretario de Política Criminal, Alberto Nancer, fue llamado a declarar tres veces en ese expediente.
“Me enteré que el fiscal federal de Mar del Plata denunció al ministro de Justicia por abuso de autoridad y otros delitos contra la administración pública, y haber implementado el Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción sin recursos. Esa causa vino acá, a Comodoro Py, lo está tramitando Stornelli y fue llamado a prestar declaración indagatoria que es uno de sus subsecretarios”, dijo Tailhade.
Tailhade incluso elogió Nancer. “Lo conocí en la exposición de juicios jurados y me pareció una persona excepcional”, afirmó, para insistir con su reclamo a Amerio y afirmarle que ese cúmulo de hechos y la falta de información oficial le “huele muy mal”. Y cerró: “Es muy grave esto que sucede en Comodoro Py como para dejarlo pasar”.
Amerio le respondió que le enviaría un informe preliminar de la situación en Comodoro Py y señaló: “No estamos preocupados por la causa, estamos ocupados y no tenemos idea cuando dicen que no hay recursos. No habrá recursos para hacer ciudades judiciales, también una jurisdicción pidió un avión y podemos ponerlo sobre la mesa para ver qué piden algunos jueces”.
“Los recursos están, está la provisión presupuestaria y está articulado muy prolijamente por el Dr. Nancer. Hemos ido a Comodoro Py, hemos hecho relevamiento de lo que hace falta y hemos acordado poner en marcha el acusatorio”, expuso Amerio.
El funcionario, ligado al asesor Santiago Caputo, dijo frente al reclamo de fiscales y jueces que no se trata de “reparar los 20 años de desidia” en el edificio de Comodoro Py, sino “adecuarlo para que se pueda cumplir con este sistema acusatorio adversarial. Principalmente, es provisionar tecnología y adecuar 11 salas de Py para que puedan tomar las audiencias conforme estipula el Código que ya está [funcionando] en la mitad del país”.
En cuanto a la denuncia contra Cúneo Libarona, Amerio aclaró que Nanzer no fue llamado a indagatoria, sino que “fue citado a testimonial durante tres días, cuatro horas cada día”.
“Es una barbaridad esta denuncia contra el ministro, que la levantó el fiscal que ahora está con licencia psiquiátrica, el señor”, añadió, sin precisar a quién se refería.
“Ahora la causa la tiene el fiscal Stornelli y actúa ante el juzgado del doctor Ariel Lijo”, indicó y se quejó de la intensidad, frecuencia y extensión de esas declaraciones testimoniales.
Amerio dijo que ”los juzgados tienen mucha gente», en referencia a la desproporción de empleados frente a los de las fiscalías. En el nuevo sistema acusatorio la carga del trabajo la tendrán los fiscales y se calcula que debe haber tres integrantes del Ministerio Público Fiscal por cada uno del Poder Judicial. Hoy la proporción es de cinco empleados del Poder Judicial por cada uno de las fiscalías, con juzgados con 50 empleados en Comodoro Py 2002 y fiscalías con una decena.
Amerio aclaró: “Entendemos la preocupación y nos sentimos muy confiados que vamos a lograrlo. Seríamos los primeros en postergar porque nadie quiere afectar acá el funcionamiento de la administración de Justicia”.
El intercambio entre el Gobierno y los fiscales por la implementación del nuevo sistema acusatorio, que implica una profunda reforma en a tramitación de las causas penales en los tribunales federales, llegó a su clímax.
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, le advirtió al ministro Cúneo Libarona en una nota enviada la semana pasada que como están las cosas no están en condiciones de arrancar el 11 de agosto en Comodoro Py 2002 y en el cercano de Inmigrantes, donde funciona la justicia en lo penal económico. Y pidió que el asunto sea una “prioridad presupuestaria”.
Ahora Casal le pidió a Cúneo que eleve esta nota al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que se cumpla con la reasignación presupuestaria.
“Me permito solicitarle que, en su función de nexo con el Poder Ejecutivo Nacional, eleve esta nota a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a fin de que su titular pondere la decisión de implementar el Código Procesal Penal Federal junto con los requerimientos de recursos efectuados en los pedidos de presupuesto dirigidos anualmente al Ministerio de Economía” y el resto de las 20 notas enviadas.
Pero ahora Amerio contestó que la plata está.
Casal escribió que “las condiciones actuales son insuficientes para el normal desempeño de este Ministerio Público Fiscal bajo el nuevo sistema procesal” y por eso le pidió a Cúneo Libarona “disponer las medidas necesarias en ejercicio de las funciones que le son propias”, es decir plata.
“El cuadro de situación actual del proceso de instauración a la luz del diagnóstico que se acompaña al presente, resulta cuanto menos preocupante”, dijo Casal y advirtió que “mucho más preocupante aún es que no se advierta dicha circunstancia que viene siendo puesta en conocimiento de ese Ministerio recurrentemente en más de 20 presentaciones” que no fueron consideradas cuando se rechazaron los pedidos de mayores fondos.
Casal le reprochó “con claridad una marcada falta de previsibilidad” en la implementación, es decir una improvisación y dijo que el “modelo adversarial” si bien aporta numerosas ventajas, “también requiere de incontables esfuerzos de readecuación institucional para asegurar su éxito”.
