En el final de la campaña, la Ciudad anunció un subsidio para centros de atención a la discapacidad y le pegó a Nación

En el último tramo de la campaña porteña, la Ciudad anunció un paquete de apoyo a las instituciones que dan servicios por discapacidad, con un pase de facturas al Gobierno nacional.

Este martes, hubo una marcha frente al Ministerio de Salud de la Nación convocada, entre otros, por el Foro Permanente por la Discapacidad y por las asociaciones de transportistas y de otras empresas que brindan servicios de atención a personas con discapacidad.

El reclamo fue porque, aseguran, los aranceles que paga el Estado a los prestadores están congelados desde diciembre y acumulan un desfasaje del 73% en relación a la inflación, con lo cual tanto instituciones como profesionales (psicólogos, terapistas o acompañantes terapéuticos) están cerrando o reduciendo sus servicios. «Esto afecta directamente a miles de personas con discapacidad y sus familias, que dependen de terapias, transporte, educación y atención diaria», dijeron desde el Foro.

Horas después, en un tuit desde su cuenta oficial, el GCBA anunció que otorgará un subsidio del 24% de sus ingresos mensuales, en dos cuotas, a 142 centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares y residencias que prestan servicios de alta intensidad de apoyo, con una inversión estimada de $ 1.777 millones.

En cuenta regresiva para las elecciones legislativas porteñas, donde el vocero presidencial, Manuel Adorni, encabeza la lista local de La Libertad Avanza, el mismo tuit resalta que estas instituciones «se encuentran en estado de emergencia por el retraso y falta de actualización de los aranceles que reciben del Gobierno nacional, sumado al aumento de los costos laborales».

Además, la Ciudad anticipó que enviará un proyecto a la Legislatura para la exención del pago de ingresos brutos y condonación de deuda. Y que va a elevar a $ 500 millones el monto destinado a la Línea de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, que otorga financiamiento a organizaciones sin fines de lucro vinculadas a la discapacidad.

«Decidimos actuar porque no podemos permitir que ninguna de las instituciones cierre«, dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri. En la Ciudad aseguraron que el problema alcanza, en el ámbito porteño, a 5.900 personas que requieren cuidados y apoyos permanentes para realizar su vida diaria.

El proyecto de ley

Hace dos semanas, fue aprobado en comisión en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad, que fue rechazado por el Gobierno nacional.

El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, cuestionó la iniciativa que impulsa el diputado K Eduardo Valdés porque «es una ley hecha a medida de los prestadores, ms que de las personas con discapacidad», ya que «establece gastos altísimos, pero no dice cómo se van a financiar».

Y apuntó a su autor Valdés, vicepresidente segundo de la comisión bicameral de Discapacidad y quien fue miembro del directorio de la fundación Infancia, una de las prestadoras que actualmente dirige su familia. También resaltó que al frente de la comisión está Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social del Gobierno de Alberto Fernández.

«En 2023 los prestadores, mientras estaban en función de quienes hoy impulsan la declaración de esta emergencia, perdieron 110 puntos con respecto a la inflación. Y ahí no hicieron nada, no se les ocurría ni declarar la emergencia ni este tipo de iniciativas”, resaltó Spagnuolo».

“Se trata de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”, agregó en un comunicado la ANDIS.

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