Existen una serie de indicios y antecedentes que muestran que la Corte Suprema de Justicia dejaría firme la condena a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y que lo haría antes de la fecha clave del 17 de agosto, que es el plazo para presentar candidatos a diputados y senadores nacionales para las elecciones del 26 de octubre.
Más allá de las diferencias internas y de la pícara decisión de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz de no rechazar de inmediato la recusación de la ex presidenta contra su colega Ricardo Lorenzetti, los tres han votado en general con igual criterio en casos de corrupción política. Y comparten la idea de que la Corte es un tribunal constitucional y no una tercera cámara de apelaciones, aunque tengan modelos y estilos distintos.
Por ejemplo, los tres formaron parte de la Corte que rrechazó todas las presiones, operaciones y jugadas de inteligencia del gobierno de Alberto Fernández, que según el ex juez Juan Carlos Maqueda fueron las “peores” de la democracia. Entre ellas revocaron la ley impulsada por Cristina Kirchner para disminuir los miembros del Consejo de la Magistratura -donde se juega el poder real- y aceptaron el amparo del ex jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta contra la quita de la coparticipación impositiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en medios de falsas acusaciones con la teoría del Lawfare. Y Lorenzetti presidió el máximo tribunal que había declarado inconstitucional el polémico proyecto de “democratización” de la Justicia en la época de máxima hegemonía política de Cristina.
Y desde el 2014 a la fecha, la Corte rechazó recursos de queja del ex vicepresidente Amado Boudou por su condena a 5 años y 10 meses de prisión en el caso Ciccone. Además, En julio de 2020 la Corte había desestimado varios recursos de queja del ex ministro de Planificación Julio De Vido en la causa Río Turbio. Después confirmó la condena a Luis D’Elía a 4 años de prisión por la toma de la comisaría de la Boca en 2004. Trascartón, ratificó la del ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, a 5 años y medio de prisión, entre otros ex funcionarios condenados en la causa de la Tragedia de Once.
Ricardo Lorenzetti, impulsar una decisión rápida sobre el recursos de queja de Cristina Kirchner.
Y en todos estos casos aplicando el artículo 280 del Código Procesal que le permite rechazar recursos sin argumentar por escrito.
Mientras que la semana pasada, acaba de unificar la sentencia de la líder de la Túpac Amaru, Milagro Sala a 15 años de prisión, entre otros casos que involucraron a políticos poderosos.
Cristina Kirchner en el inicio del juicio Vialidad en 2019, junto a sus abogados.
Con estos antecedentes Rosatti y Rosenkrantz quieren llegar a lo que se llama un fallo consolidado con los recursos de Cristina, los otros ocho condenados en la causa Vialidad y el del fiscal Mario Villar. Y, además, sin dejar “agujeros legales” que le permitan eventualmente a Cristina ganar en el futuro un juicio contra el estado argentino en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En cuanto a los plazos, si bien en tribunales se esperaba que el Congreso sancionara la semana pasada la ley de ficha limpia que automáticamente iba a dejar a Cristina fuera de competir en las elecciones nacionales, Lorenzetti es el que quiere llegar a un fallo lo más rápido posible, como adelantó Clarín. Y Maqueda, quien estuvo 20 años en la Corte, dijo el mes pasado a este diario que si no hay cuestión constitucional se resuelve “en forma rápida”.
Por otra parte, también es cierto que el Procurador General de la Nación Eduardo Casal, al mantener el recurso del fiscal Mario Villar a favor de duplicar la condena ampliando la figura de la asociación ilícita, le dejó “una oportunidad” a la Corte para escabullirse. El dictamen de Casal fue contundente y duro. Los procuradores -como el ministerio público fiscal es uno solo- en la gran mayoría de los casos respaldan los recursos de sus subordinados. Y en este caso Casal lo hizo y lo hizo rápido. En los últimos 15 años, el Procurador solo desestimó 5 recursos de sus fiscales.
Carlos Fernando Rosenkrantz, forma la mayoría actual con Horacio Rosatti en la Corte.
Esa “ventana” le permitiría abrir solo el recurso del fiscal y rechazar los otros, como hizo con el caso de Oil Combustibles y el empresario K Cristóbal López. Así la causa volvería a la Cámara Federal de Casación Penal y tardaría varios meses más. Casal tenía “un conflicto estratégico” porque el aval a Villar abrió esa puerta de escape político a la Corte.
Aunque sería más un paso de minué porque la mayoría de los jueces son renuentes a aplicar la figura de la asociación ilícita a ex funcionarios que, además, tenía como jefa a Cristina. Y después de esa vuelta, seguramente, se confirmaría solo el delito de fraude al Estado.
La Corte confirmó la condena de Amado Boudouen la causa Ciccone.
En dos fuentes judiciales, como no hay violación de derechos constitucionales en un proceso judicial que empezó en el 2008 (con la denuncia de Elisa Carrió), se estimó que la Corte debería desistir rápido de todos los recursos por “improcedentes” y hacer cumplir, también los decomisos millonarios que están en juego.
Según estos antecedentes, a Cristina, entonces, solo le queda apostar a una candidatura provincial -que podría quedar afuera de una inhabilitación federal- para tener fueros y no sufrir una prisión domiciliaria en el corto plazo. La moneda está en el aire.
Sobre la firma
Daniel Santoro
Periodista de investigación y editor judicial [email protected]
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