Vicentin: un juzgado de segunda instancia avaló el cramdown del juez Lorenzini

La Justicia santafesina ratificó que el plan de pago de Vicentin es “abusivo”, en línea con lo fallado por el juez de primera instancia, civil y comercial, Fabián Lorenzini, y la Corte Suprema de Justicia provincial, y despejó el camino al salvataje por otras empresas (cramdown) que la agroexportadora había apelado.

La Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, en su Sala II, respaldó la impugnación presentada por Commodities S.A., vinculada a la corredora Grassi, que lidera el reclamo de los acreedores disconformes, y rechazó el planteo de la agroexportadora de Avellaneda, que al considerarla vencida en esta instancia judicial le asignó el pago de las costas.

Esta nueva sentencia subraya que el acuerdo con la mayoría de acreedores, según lo estipula la Ley de Concurso y Quiebras, no es impugnable, pero no contempla ecuánimemente el derecho de todos los acreedores.

La Cámara de Apelaciones rafaelina confirmó que la propuesta de acuerdo preventivo impulsada por la empresa era “abusiva, violaba el principio de igualdad de los acreedores y trasladaba riesgos excesivos a quienes reclamaban el pago de sus créditos”.

El caso, radicado en el expediente N° 21-25023953-7/10, tiene como eje el proceso concursal iniciado por Vicentin tras el default de 2019. En septiembre de 2023, el juez de primera instancia había rechazado homologar el acuerdo con los acreedores. Argumentó que el plan carecía de sustentabilidad y violaba normas esenciales de la Ley de Concursos y Quiebras.

Entre otros puntos, señalaba que no se habían conformado categorías de acreedores, lo que implicaba un trato desigual e injustificado entre actores con realidades y montos de crédito muy distintos.

Contra esa decisión apelaron tanto Vicentin como la firma acreedora Commodities S.A., que había impugnado el acuerdo por considerarlo abusivo.

En marzo de 2024, la Cámara de Reconquista había revertido la sentencia y ordenado homologar el plan, pero esa resolución fue anulada por la Corte Suprema de Santa Fe en febrero de este año.

El caso volvió entonces a Rafaela, donde esta semana los jueces Duilio Hail, María José Álvarez Tremea y Pablo Lorenzetti reafirmaron los argumentos del primer fallo y de la Corte.

Según el nuevo fallo, la propuesta de Vicentin no sólo agrupaba sin distinción a acreedores con diferentes niveles de exposición, sino que establecía quitas, esperas sin intereses y mecanismos de pago inciertos, como la participación en un fideicomiso sin garantías claras.

La Cámara rafaelina remarcó que el plan trasladaba contingencias empresariales a los acreedores, sin asegurar continuidad operativa ni fuentes laborales.

Además, el tribunal reconoció la legitimidad de la impugnación de Commodities, que había sido desestimada formalmente en primera instancia. La sentencia ordena que se admita esa impugnación y carga a Vicentin con las costas del proceso, tanto en primera como en segunda instancia.

De esta manera, se ratifica que el acuerdo propuesto por la empresa no reúne las condiciones para ser homologado. El proceso ahora podría avanzar hacia una etapa de salvataje (cramdown), en la que terceros interesados podrían presentar propuestas para hacerse cargo de la compañía o sus activos, en un último intento por evitar la quiebra.

Anticiparon que, tras el fallo de la Cámara de Rafaela, se abrirá un período de diez días para que cualquier empresa interesada pueda presentar una nueva propuesta de adquisición.

Esta etapa, conocida como cramdown, permitirá que actores externos —o incluso actuales accionistas— intenten hacerse cargo de la firma.

Entre los posibles oferentes se mencionan a Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que ya habían estado vinculados a Vicentin en intentos previos de salida del concurso.

Otro de los nombres que vuelve a cobrar protagonismo es la corredora Grassi. Esta empresa estaría preparando una oferta en conjunto con un grupo inversor, con la intención de liderar una propuesta que supere las condiciones de pago rechazadas en el proceso anterior.

En su momento, Vicentin había prometido abonar US$320 millones en los dos primeros años, con un pago para cada uno de los acreedores de US$ 30 mil, y completar un total de US$512 millones en un plazo de doce años, utilizando un fideicomiso como vehículo financiero.

Ahora, el futuro de la compañía vuelve a ser incierto, más allá de que las plantas volvieron a estar operativas luego de un mes de receso, a partir de un acuerdo promovido por la intervención judicial y el gobierno santafesino de Maximiliano Pullaro, y su ministro de Trabajo, Roald “Coco” Báscolo, que consiguieron el compromiso de 8 empresas para aportar granos durante 6 meses, para sostener los empleos y permitir el pago de los salarios a más de mil trabajadores.